Crisis del Botànic

Los servicios sociales que deja Mónica Oltra

Aunque aseguró que iba a acabar con el “modelo Cotino” la inversión en concesiones ha aumentado un 82 por ciento desde 2015

La ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana y portavoz del Consell, Mónica Oltra
La ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana y portavoz del Consell, Mónica OltraJorge GilEuropa Press

Uno de los argumentos de la ya exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para explicar la “caza de brujas” que supuestamente ha organizado la extrema derecha contra ella, es que partidos como Compromís y políticos como Mónica Oltra resultan incómodos al sistema porque han venido a cambiar las cosas. Este argumento no solo lo ha esgrimido la propia Oltra durante sus últimas horas como alto cargo del Consell, sino que lo han hecho también incansablemente y con gran convencimiento coportavoces de Compromís como Águeda Micó o Alberto Ibáñez.

Para comprobar si, efectivamente, Oltra ha llevado a cabo algún cambio -a mejor- en el área que le ha correspondido gestionar durante los últimos siete años -los servicios sociales- es necesario comprobar el estado de las distintas áreas que componen su Conselleria. Por el momento, según aseguró ayer en Les Corts el portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, la Conselleria de Oltra solo había ejecutado un 18 por ciento de su presupuestos hasta el mes de abril, y tiene “100 millones de euros en facturas en los cajones”, es decir, gastados pero fuera de presupuesto.

Residencias para la tercera edad

Aunque la hasta ahora consellera de Igualdad aseguró desde el principio de su mandato que iba a acabar con el llamado “modelo Cotino” -concesiones público-privadas- lo cierto es que siete años después el modelo sigue en pleno funcionamiento. De hecho, tal y como publicó ayer Las Provincias- la última decisión que adoptó Oltra como consellera el pasado lunes fue la firma de una adjudicación por 240 millones de euros para Centros Residenciales Savia, La Saleta Care y Geroresidenciales Solimar. Según los datos facilitados por el PP, la inversión en concesiones ha aumentado un 82,18 por ciento durante el mandato de Oltra.

Sin embargo, y a pesar de este incremento de adjudicaciones, sigue habiendo un déficit de 23.000 plazas residenciales en la Comunidad Valenciana. Además, tal y como publicó este periódico, el modelo de “macrorresidencias” para ancianos que existe en la Comunidad Valenciana, está prohibido en media Europa.

Dependencia

Aunque la previsión de Mónica Oltra era acabar con las listas de espera en Dependencia a principios de 2022, lo cierto es que en la actualidad hay un total de 14.000 valencianos y valencianas esperando esta prestación. El pasado mes de marzo la responsable de Servicios Sociales del PP, Elena Bastidas, aseguró en Les Corts que “4.408 personas fallecieron sin ser atendidas sus peticiones para entrar en el sistema de la dependencia. A esto se unen los 14.000 expedientes de fallecidos y que sus herederos siguen esperando recibir la ayuda a la que tenía derecho su familiar”.

Renta Valenciana de Inclusión e Ingreso Mínimo Vital

El presupuesto para la Renta Valenciana de Inclusión ha ido descendiendo progresivamente a lo largo de los últimos años -precisamente los peores para las personas más vulnerables debido a la pandemia y a la crisis económica- desde los 300 millones de euros que se destinaron en 2020 a los 235 que se han invertido este año. Oltra afirmó recientemente que iba a pedir 60 millones de euros más a la Conselleria de Hacienda para destinarlos a esta ayuda, debido a la crisis ocasionada por la guerra de Ucrania.

Alrededor de 3.100 personas están en lista de espera para recibir la Renta Valenciana de Inclusión, una ayuda destinada a personas en situación de exclusión social o con ingresos mínimos o insuficientes (RVI), y de la que se benefician en la actualidad más de 75.889 personas, según explicó la propia Oltra el pasado mes de marzo.

Algunos municipios de la Comunidad Valenciana tienen retrasos de hasta nueve meses en conceder esta prestación, como en el caso de la provincia de Alicante, aunque en el caso de la de Valencia está en una media de tres meses y en el de Castellón, en 20 días.

El PP denuncia que la cuantía mensual de esta ayuda es menor cada año, de forma que en 2019 ascendía a 697 euros al mes y en 2020 era de 563 euros al mes.

Con todo y con esto, la sustituta de Mónica Oltra, Aitana Mas, tiene una ardua tarea por delante al frente de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana, una de las carteras más importantes en la Generalitat y pilar fundamental para el Botànic, cuyo lema desde el principio fue que venían para “rescatar personas”.