Apartan a un magistrado de la Audiencia Nacional de la causa Camps por haber tenido cargos en el PP

El juez había rechazado apartarse porque los cargos que ostentó “eran de naturaleza técnica y de gestión”

Francisco Camps comparece como testigo en el juicio de Gürtel por la visita del Papa
El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps (d), sale de la Ciudad de la Justicia de Valencia junto a su abogado FOTO: Enrique Palomares Europa Press

La Audiencia Nacional ha vuelto a apartar a un juez del tribunal de uno de los juicios de la macrocausa Gürtel -el que sentará en el banquillo al expresidente de la Generalitat Francisco Camps- por haber ocupado cargos de confianza en Gobiernos del PP antes de regresar a la carrera judicial.

El magistrado Joaquín Delgado no formará parte del tribunal que juzgará a Camps por un delito de prevaricación y fraude después de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia haya aceptado este viernes por unanimidad la recusación que plantearon contra él dos exdiputadas socialistas valencianas que ejercen la acusación.

La razón principal es que Delgado, miembro de la sección segunda de lo Penal, ocupó diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Justicia cuando estaba el PP en la Moncloa, concretamente durante la etapa de José María Michavila y Rafael Catalá como ministros.

Según informan a Efe fuentes jurídicas, el pleno ha aceptado la recusación en base al artículo 351.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que los jueces que reingresen en la carrera deberán abstenerse de intervenir “en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público”.

Así lo dispone la ley en el caso de que dichos magistrados hayan sido nombrados para cargo político o de confianza, o elegidos para cargos públicos.

Joaquín Delgado ocupó cargos en la Administración cuando gobernaba el PP, como el de director general de Relaciones con la Administración de Justicia entre 2016 y 2018, con Rafael Catalá como ministro de Justicia, lo que llevó a la citada acusación a plantear las “serias dudas” que esto generaba sobre su “apariencia de imparcialidad”.

El magistrado rechazó apartarse del juicio porque durante su paso por Justicia había ocupado puestos de “naturaleza técnica y de gestión”, si bien el pleno ha concluido que se dan las causas previstas en la ley para que no pueda pertenecer al tribunal que juzgue esta pieza de Gürtel.

Y no es la primera vez que sucede. Hace años, la Sala de lo Penal también apartó a la ahora magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, al consejero madrileño Enrique López y al presidente de la Audiencia Provincial Juan Pablo González, del tribunal que debía juzgar a la trama por otras ramas del procedimiento.

En su caso, las acusaciones alegaron una supuesta afinidad al PP -partido que ha acabado siendo condenado como partícipe a título lucrativo-, y el pleno entendió que efectivamente no debían juzgar la causa.

Otra de las recusaciones que aceptó el pleno, aunque por una causa diferente, fue la del todavía magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, a quien apartó del tribunal que tenía que juzgar el presunto pago en B de parte de la reforma de la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.

En su caso, el pleno entendió que su imparcialidad había quedado comprometida por haberse pronunciado ya sobre las cuentas opacas de ese partido en la sentencia de la primera época de Gürtel.

La pieza separada del caso Gürtel a la que se refiere la decisión de este viernes del pleno será juzgada el 17 de enero del año que viene y entre sus acusados figura el expresident de la Generalitat Francisco Camps, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y fraude.