Compromís exige a Bravo que actúe contra la funcionaria que no atendió en valenciano a una persona en Alicante

El grupo parlamentario de Compromís en Les Corts Valencianes ha reclamado a la Conselleria de Justicia que adopte medidas ante la “vulneración de derechos lingüísticos” en la Diputación de Alicante. La formación nacionalista ha presentado una pregunta parlamentaria después de que la Plataforma per la Llengua diese a conocer a finales de esta semana el caso de una funcionaria de la Oficina de Fondos Europeos de la Diputación de Alicante quien se negó a atender en a una trabajadora pública de un municipio de la Marina Alta que le formuló una consulta en valenciano.

Los portavoces de Compromís en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local, y en Educación y Cultura, Silverio Tena y Nathalie Torres respectivamente, han formalizado esta pregunta en la que reclaman a la conseller que dirige Gabriela Bravo que actúe ante estos hechos.

En concreto, Tena y Torres le requieren “qué medidas tiene previsto tomar la Conselleria de Justicia e Interior ante la vulneración de derechos, no sólo de una ciudadana, sino de una institución como es un Ayuntamiento, a ser atendido y comunicarse en cualquier lengua oficial del territorio valenciano”.

Tena considera que el caso de discriminación lingüística de la Diputación de Alicante es además especialmente grave porque “se deja de atender a una administración pública como es un ayuntamiento en una función de servicio público, que es la de acceder a unas ayudas para dar servicio a la ciudadanía”.

“Ante esta situación tan grave consideramos que el departamento de Gabriela Bravo debe tomar cartas en el asunto para garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía”, ha insistido el diputado de Compromís, quien pide también responsabilidades ante estos hechos al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

Por su parte, Nathalie Torres aclara además que “en este caso la negativa de la funcionaria de la Diputación de Alicante no obedece al desconocimiento de la lengua, puesto que en el audio difundido se demuestra que es capaz de mantener la conversación con su interlocutora”.

“Casos como este demuestran la necesidad de implementar el requisito lingüístico en la Administración para garantizar los derechos de la ciudadanía a dirigirse a las instituciones en cualquiera de las dos lenguas”, añade Torres.