Empresas de productos de bebé o de limpieza suministraron material al Gobierno valenciano durante la pandemia a precios por encima de mercado

La Agencia Antifraude ha pedido a la Conselleria de Sanidad que revise de oficio los contratos adjudicados durante la pandemia a mercantiles que no han acreditado su capacidad y solvencia para ser contratistas. «Supone un vicio de nulidad de pleno de derecho», señala este organismo y advierte de que adquirieron derechos cuando carecían de los elementos esenciales para su adquisición.

El último informe de la Sindicatura de Comptes ya dio un tirón de orejas al Consell porque abusó de los contratos de emergencia durante la pandemia, no solo durante los primeros meses de 2020, sino incluso hasta después del verano.

La Agencia Valenciana Antifraude ha analizado 11 adjudicaciones de suministro de material sanitario, efectuadas entre marzo y junio de 2020. Suman más de 18 millones de euros y en un informe hecho público ayer concluye que se no han detectado pruebas que fundamenten la existencia de «fraude o corrupción», pero sí «déficits» en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo sobre contratación pública.

Así, una de las adjudicatarias era una empresa dedicada al mundo del bebé, cuyo objeto social no está relacionado con productos sanitarios y que nunca había sido proveedora de la Conselleria, que suministró mascarillas compradas en China con un coste final repercutido como margen comercial a Sanidad del 20,42 por ciento, equivalente a 501.500 euros sobre los contratos analizados.

Otra de las empresas se dedicaba a fabricar detergentes y productos sanitarios. Se le encargaron geles, batas y calzas vía contratación de urgencia, pero en algún casos sirvió los pedidos más de seis meses después. La Agencia remarca que se trata de un plazo que no justifica este tipo de contrato y que se mantuvo un precio «muy elevado», pese a que en el mercado estaban ya a la mitad.

Además, esa empresa solo fabricó el hidrogel y compró a otros proveedores el resto de encargos. Es decir, revendió a la Conselleria de Sanidad, una operación que encareció un 22,52 por ciento el precio para la Conselleria, con un sobrecoste final para esta de 1,6 millones de euros.

Alerta además de que en los contratos analizados no consta la solicitud de ofertas a más de una empresa, lo que habría constituido «una buena práctica» que hubieses permitido la selección de la oferta más ventajosa.

Dietas fraudulentas

La Agencia Valenciana Antifraude ha recomendado a Divalterra, o a su matriz, la Diputación de Valencia, que inicie los expedientes de reintegro de cantidades indebidamente pagadas en esa empresa pública, que suman 45.105 euros por dietas de kilometraje de tres directivos.

Cifra en 36.426 euros la cuantía incorrecta abonada por complemento de desplazamiento al exdirector de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, cuyo domicilio habitual es València y se benefició de este complemento, por lo que se le habría abonado indebidamente este complemento durante 65 meses.

Según las conclusiones que recoge Efe, procede instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades a esos tres cargos y que han implicado el abono de cantidades “indebidas” en concepto de complemento de desplazamiento, valorando la exigencia de responsabilidad derivadas por la posible prescripción de las acciones.