Septiembre de tribunales: de la declaración de Mónica Oltra a la denuncia a la Generalitat valenciana por el “chemsex”

Las declaraciones judiciales marcan el inicio de curso político y los meses preelectorales

La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra
La ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra FOTO: Juan Carlos Cárdenas EFE

La Ciudad de la Justicia se convertirá durante este nuevo curso político en el epicentro de la actividad periodística de la Comunitat Valenciana. El mes de septiembre arranca con señalamientos importantes en causas de gran relevancia mediática, como el juicio contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, en el denominado caso Alquería, o la declaración de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, por el caso de los abusos de su ex marido.

Pero no serán estos los encargados de abrir la temporada. Los primeros son el director del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Martí, y la directora de Salud Pública de la Generalitat, Ofelia Gimeno, por un presunto delito contra la salud pública tras una denuncia de Abogados Cristianos por una supuesta promoción de la práctica del sexdopaje o “chemsex”.

Ambos han sido citados el próximo 13 de septiembre para que presten declaración a las 11 y a las 11.30 horas, respectivamente, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia.

Del “caso Alquería” al de Oltra

La jornada más intensa de este mes de septiembre será la del lunes 19, cuando comience el juicio contra el actual alcalde de Ontinyent (La Vall ens Uneix) y expresidente de la Diputación de Valencia (por el PSPV-PSOE), Jorge Rodríguez, y otras 14 personas por la supuesta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, habría amenazado a los funcionarios que objetaban a las contrataciones de Divalterra
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, habría amenazado a los funcionarios que objetaban a las contrataciones de Divalterra

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para Rodríguez, y extiende la misma petición de prisión al que fuera su jefe de gabinete en la corporación provincial, Ricard Gallego, al asesor Manuel Reguart (ambos por cooperación necesaria) y para los dos exgerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). La acusación particular, que ejerce el grupo del PP en la Diputación, reclama 18 años de prisión y otros 15 de inhabilitación para el expresidente.

Rodríguez dimitió de su cargo provincial en junio de 2018 tras ser detenido y a continuación puesto en libertad. Ahora es alcalde de Ontinyent por un partido independiente que formó cuando los socialistas le vetaron para encabezar la lista en las elecciones municipales de 2019. Rodríguez ganó por mayoría absoluta, siendo ya investigado.

El mismo lunes 19 de septiembre la exvicepresidenta del Gobierno valenciano y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, deberá declarar como investigada en la causa que se sigue contra ella y otras trece personas por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat.

Oltra anunció su dimisión como vicepresidenta y consellera e Igualdad y su renuncia al escaño de diputada en Les Corts Valencianes el pasado 21 de junio, cinco días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acordara su imputación judicial por el supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales por los que fue condenado su exmarido.

El yonqui del dinero

También se espera este otoño la sentencia del primer juicio del caso Imelsa, que quedó visto para sentencia el pasado junio y en el que se juzgó, entre otros, al exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia que da nombre a la macrocausa y autodenominado “yonqui del dinero”, Marcos Benavent, el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación con el PP, Juan José Medina, y la exjefa de servicio en el Ayuntamiento de València y funcionaria Francisca Tamarit.

El ex gerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa Marcos Benavent, a su salida de la Ciudad de la Justicia
El ex gerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa Marcos Benavent, a su salida de la Ciudad de la Justicia

Es previsible que, en el marco de esta misma macrocausa se puedan conocer nuevos señalamientos para la celebración de juicios, dado que la instrucción está sumamente avanzada en la mayoría de piezas.

Igualmente agotada está la instrucción del conocido como caso Erial, contra el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, el también expresident José Luis Olivas o varios miembros de la familia Cotino por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

A falta de la resolución de algunos recursos contra el auto de procesamiento, es igualmente previsible que se avance en la concreción de un señal amiento para la celebración del juicio.

“Caso Azud”

El otoño abrirá una nueva fase de declaraciones y diligencias para avanzar en la instrucción del caso Azud, una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos, que tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y políticos y ex altos cargos del PP y PSPV.

En la Audiencia Nacional, el exconseller y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano podría conocer pronto la fecha en la que se le juzgará, junto a otras 31 personas más, por formar parte de una supuesta organización criminal que se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.