El caso Alquería se juzga este lunes y la Fiscalía pide ocho años de prisión para el expresidente socialista Jorge Rodríguez

El juicio del conocido como caso Alquería, donde está procesado el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, comienza este próximo lunes, más de cuatro años después de la operación policial en que se produjo su detención y posterior procesamiento.

Junto a Rodríguez, exmiembro del PSPV-PSOE y actualmente en el partido independiente La Vall ens Uneix, se sentarán en el banquillo de los acusados otros catorce altos cargos acusados de malversación y prevaricación por una presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública provincial Divalterra, supuestamente orquestados para beneficiar a miembros y simpatizantes de Compromís y el partido socialista.

El fiscal anticorrupción pide para Rodríguez, el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego, y el asesor Manuel Reguart, y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) un total de ocho años de prisión.

Para los siete altos cargos contratados pide seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón; hay un procesado al que el fiscal no acusa.

Las acusaciones son por supuestos delitos de prevaricación y malversación, al parecer materializados en siete contratos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado por el fiscal de 1,1 millones de euros para las arcas públicas -cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos-.

El magistrado instructor, de acuerdo con las tesis del fiscal anticorrupción, considera que se produjo una contratación “simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018″, lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataba, según el auto de procesamiento, “de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista”. Se produjo así una presunta malversación, cuantificada en 1.122.095,80 euros.

Todo ello se hizo, supuestamente, “con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y con conocimiento de este plan preconcebido por el propio presidente de la Diputación Provincial de Valencia y presidente del Consejo de Administración de Imelsa, luego Divalterra, Jorge Rodríguez, y por su equipo mas cercano, entre ellos Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, Manuel Reguart y Ricard Gallego”.

Junto a Rodríguez figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.

Las defensas han sostenido durante toda la instrucción que los contratos tuvieron una componente meramente administrativa, que nadie se ha apoderado de fondos públicos ni hubo voluntad alguna de fraude a la hora de realizar dichas contrataciones y que contaron con el visto bueno de los servicios jurídicos de Divalterra y de un experto externo.

Además, han insistido en que dichos contratos estuvieron vigentes entre 2015 y marzo de 2018, hasta tres meses antes de las detenciones.

Por todo ello, es previsible que en las tres primeras jornadas del juicio (lunes a miércoles) los letrados de las defensas incluyan en sus cuestiones previas varias quejas por supuesta indefensión y que insistan en la consideración de que este asunto se debería haber dirimido, en primer lugar, en el ámbito contencioso-administrativo, pues consideran evidente la legalidad de las contrataciones de altos cargos.