Ximo Puig se sale del guion de Pedro Sánchez y anuncia deducciones para las rentas inferiores a 60.000 euros

El presidente de la Generalitat valenciana presenta una reforma fiscal con rebajas en el IRPF y las hipotecas

¿Cómo se va a combatir la inflación? Esta es la pregunta a la que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, se ha propuesto dar respuesta este martes en el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana que se celebra hoy en Les Corts.

Durante esta sesión, que marca el inicio del curso político, el jefe del Consell ha lanzado una retahíla de anuncios para concretar las bases de su reforma fiscal progresiva. “Cuando los hechos cambian, la respuesta también lo hace” justificando así que ahora sí sea necesario bajar los impuestos a los ciudadanos ante la situación actual. No obstante, la reforma no ha convencido ni a la oposición.

En primer lugar, ha dicho que la Generalitat aprobará una deducción fiscal de 100 euros para las hipotecas que beneficiará a las rentas individuales de hasta 30.000 euros y para la tributación conjunta de hasta 47.000 euros.

Además, el transporte público de metro, tranvía y autobuses de la Generalitat será gratuito para todos los jóvenes menores de 30 años hasta el 31 de diciembre. Un ahorro, que según el presidente, representa 135 euros por persona.

Por otra parte, ha remarcado que las clases rentas medias y bajas serán las más beneficiadas. Se aumenta en un 10 por ciento la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos con rentas inferiores a 60.000 euros y se aplicará una nueva tarifa autonómica del IRPF- que no ha especificado- para este ejercicio y todas las deducciones y bonificaciones fiscales aumentan un 10 por ciento.

De esta manera, las rentas de hasta 20.000 euros se ahorrarán 117 euros al año y las de 30.000 un total de 67 euros. Además, los efectos de esta reforma serán retroactivos al 1 de enero de este año para que se puedan aplicar en la Renta de 2022.

Las más beneficiadas serán las rentas de hasta 30.000 euros, que podrán beneficiarse de la deducción. En el otro extremo, las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario.

Estas tres medidas, beneficiarán a 1.344.000 contribuyentes valencianos, es decir para el 97,4 por ciento de los contribuyentes porque afectarán a todos aquellos que cobran menos de 60.000 euros y tampoco se elimina el Impuesto de Patrimonio, “un impuesto por el que solo tributan el 0,5 por ciento de los valencianos”.

El cálculo expuesto por el presidente sitúa los ahorros de esta reforma fiscal en 111 euros por contribuyente, y un ahorro global de 149 millones a las familias.

Ejemplos de la reforma fiscal

Para explicar el alcance de esta reforma fiscal, Puig ha puesto cuatro ejemplos. En primer lugar, un joven soltero menor de 35 años, que gana 28.000 euros, y que amortiza 8.000 euros de su hipoteca: se ahorrará 530 euros en la declaración.

Una pareja joven, con dos hijos pequeños, que ganan 30.000 y 38.000 euros, se ahorrará 845 euros en la declaración y una pareja de menores de 35 años, que pagan 8.000 euros anuales de alquiler, y ganan 18.000 y 21.000 euros, se ahorrará 262 euros.

Por último, una familia monoparental con un hijo de cuatro años y unos ingresos de 25.000 euros, se ahorrarán 224 euros.

La advertencia de sus socios

Si Unides Podem y Compromís hubiesen aceptado sin reparos la propuesta de reforma fiscal del presidente Ximo Puig, no hubiese parecido el Gobierno valenciano. Como manda la tradición «botànica» los socios de los socialistas han advertido de que no comparten cien por cien el espíritu de la medida anunciada.

La primera en intervenir ha sido la síndica de Unides Podem, Pilar Lima. Ha defendido que una de las prioridades es que esta reforma «gane en progresividad» para que «quienes más tienen más aporten».

Esta afirmación no se cumple con la propuesta de Puig, puesto que los impuestos no se tocan para las rentas superiores a 60.000 euros, que pagarán exactamente lo mismo que hasta ahora.

Lima ha dicho que subvencionar a las rentas más altas es antidemocrático, y que deja un agujero tan elevado en las arcas que, si no quedan cubiertos por el resto de la población, se traducirían en recortes de servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Además, ha insistido en la urgencia de regular los precios del alquiler, limitar la subida del precio de las hipotecas, y poner las viviendas de la Sareb a disposición del parque público de viviendas para evitar una situación que puede ser «devastadora».

A continuación, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha insistido en que quien más tiene, debe pagar más, y se debe profundizar en la justicia fiscal con una reforma tributaria que reduzca impuestos a las rentas bajas e incremente la aportación de los más ricos porque solo así se pueden blindar los servicios públicos.

En este sentido, ha dicho que el debate sobre los impuestos es «tramposo» porque hay que ver también a qué destina la recaudación. Ha aludido además a la propuesta del PP diciendo que quiere bajarlos a quien más tiene y recortar a cinco millones de valencianos, «al contrario que el Botànic».

Así mismo, ha recordado que esta cuestión no estaría encima de la mesa si la Comunitat Valenciana recibiese el dinero que el corresponde de la financiación autonómica. Sobre este asunto, Lima ha afirmado que es imprescindible que se pase ya «de las palabras a los hechos» y ha lamentado que las comunidades del PP hayan llevado a las autonomías a iniciar una «guerra fiscal».

Ayudas a la agricultura y a pymes

Puig se ha referido también a ayudas específicas para compensar a los propietarios agrícolas que recuperen o mantengan cultivos en zonas de valor estratégico forestal, “una iniciativa pionera en España dotada con cinco millones de euros en 2023″.

Además, se destinarán 40 millones de euros para los seguros agrarios, además de una partida de 25 millones de ayudas para citricultores, así como se suprimirán las tasas portuarias por el uso de la lonjas de pesca. El presidente también ha dicho que se acelerará la Ley de Estructuras Agrarias con la agrupación de explotaciones y la puesta en contacto de la oferta y la demanda de las parcelas.

El presidente ha avanzado también que la Generalitat creará un nuevo servicio de Justicia gratuita para asistir a pymes, microempresas, autónomos y trabajadores que afronten impagos, despidos u otros problemas derivados de la inflación o la guerra.

También ha anunciado que el Instituto Valenciano de Finanzas movilizará 180 millones en préstamos para empresas al 1,5 por ciento. Con un 20 por ciento de ayuda no reembolsable y para devolver en diez años. Serán préstamos públicos de hasta cinco millones de euros para invertir y afrontar gasto operativos.