Tribunales

El fiscal pide 19 años de prisión para Eduardo Zaplana

La juez lo sienta en el banquillo por los delitos de blanqueo, cohecho, falsedad, prevaricación y organización criminal

El fiscal que investiga el denominado caso Erial ha pedido 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, al que acusa de los delitos de blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación y por pertenecer a una organización criminal.

Además, le pide multas que suman algo más de 40 millones de euros y la inhabilitación por período de 22 años para empleo y cargo público y de tres años para el “ejercicio profesional y de comercio”.

El Ministerio Público también pide penas de prisión a sus estrechos colaboradores. Así, a Miguel Barceló se le imputan los delitos de blanqueo de capitales y de organización criminal y se le pide una pena de ocho años de cárcel.

Para Francisco Grau, con acusaciones idénticas, el fiscal solicita la misma pena de ocho años de prisión.

Para la que fuera secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez también pide ocho años de prisión por los dos delitos. A estos tres imputados también les pide 20 millones de multa a cada uno y la inhabilitación de tres años para el ejercicio profesional y de comercio.

Respecto al ex jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, el fiscal pide catorce años de prisión por los delitos de blanqueo, cohecho y falsedad.

A los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del fallecido ex director general de la Policía, el fiscal reclama nueve años de prisión para cada uno de ellos por los delitos de blanqueo, cohecho y falsedad.

Otro expresidente

En esta causa también está imputado otro expresidente de la Generalitat, concretamente, José Luis Olivas que fue quien sustituyó a Zaplana cuando este fue llamado por el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, para ocupar una cartera ministerial.

Para Olivas reclama el fiscal la pena de seis año de prisión por un delito continuado de cohecho y la inhabilitación por diez años por un delito de prevaricación administrativa.

Para la exdiputada autonómica del PP, Elvira Suances, exige el Ministerio Público cinco años de prisión y ocho millones de euros de multa por el delito de blanqueo de capitales. Idéntica pena y multa pide para el hermano de la diputada, Saturnino Suances.

Para el también imputado Francisco Pérez López, conocido como “el gasofa”, amigo de Zaplana y presunto “facturero” de la trama, el fiscal pide siete años de prisión por blanqueo y falsedad.

Al empresario Robert Edgar Bataouche, la acusación pública pide cinco años de prisión por un delito de blanqueo.

El empresario Pedro Romero Aguilar, que fue peluquero de Zaplana, y adjudicatario de terrenos en el entorno de Terra Mítica, está a acusado de blanqueo y le pide el fiscal cinco años de prisión, al igual que al empresario de Ibiza, Carlos Gutiérrez Mondedeu.

Las esposas, desimputadas

Como ya adelanto LA RAZÓN, el fiscal deja fuera de su imputación tanto a la mujer del exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, como a las esposas de los imputados Miguel Barceló y Francisco Grau. No habiendo acusación, las tres mujeres quedan fuera de la causa.

También quedan fuera los antes imputados Ignacio Miguel Viala y Sergio Augusto Viala.

Además, se procesa también a las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Ges Desarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Juicio oral

A raíz de la calificación del fiscal, la jueza ha dictado la apertura del juicio oral que se desarrollará en la Audiencia de Valencia. A este auto se puede recurrir, y los abogados de los acusados tienen un plazo de diez días para aportar sus escritos de defensa.

La investigación de la causa Erial comenzó a raíz de unos documentos incautados en un despacho de abogados de Valencia, cuando se estaba haciendo el seguimiento e investigación de Marcos Benavent, el denominado “yonki del dinero”, a raíz de la causa Imelsa.

En dicho registro apareció lo que los investigadores han denominado “la hoja de ruta” para la adjudicación de las diversas zonas del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y el cobro de comisiones ilegales por las mismas.

A raíz de este, cuanto menos peculiar hallazgo de este papel, que según aseguró Benavent, apareció en casa de Eduardo Zaplana tras abandonar este el piso, los investigadores afirman que se cobraron “mordidas” por la adjudicación tanto de las zonas del plan eólico valenciano, como de diversas plantas de la ITV.

Auto de procesamiento

El pasado mes de junio, la jueza dictó el auto de procesamiento poniendo así fin a la instrucción de la causa Erial que implica al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y a casi una veintena de personas más.

Entre los imputados están estrechos colaboradores y amigos del expresidente como Joaquín Barceló y Paco Grau, así como sus esposas, o el exjefe de Gabinete, Juan Francisco García. También, la que fuera secretaria de Eduardo Zaplana, Mitsouko Enríquez. Así mismo, están imputados el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y José y Vicente Cotino, además de la exdiputada autonómica, Elvira Suances y su hermano Saturnino.

Sin embargo, el auto dictó el sobreseimiento provisional para la esposa del expresidente, Rosa Barceló, y para la hija de ambos, María Zaplana. Señalaba que “no se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra de un vehículo, ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana que se han descrito. Lo mismo hay que decir de la hija María Zaplana Barceló. No apareciendo ninguna de las dos, como sucede con las mujeres de otros de los investigados ostentando cargos en sociedades del entramado”.

El auto de la juez consideraba que “nos encontramos ante una organización formada por personas que aprovechándose, algunas de ellas, de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos, o que habían ostentado, a lo largo de varios años junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos”.

Añadía su señoría que “todas las partes obtuvieron beneficios económicos, unos en mayor cuantía que otros, por ser evidentemente los creadores de dicha organización, beneficios que posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos, produciéndose con esta facilidad la presunta comisión de los siguientes delitos: organización criminal, blanqueo de capitales, delito de cohecho, prevaricación y falsedad documental en documento público.

Por su parte, Eduardo Zaplana, al igual que otros imputados, han recurrido dicho auto. El expresidente acusaba a la Guardia Civil de no cumplir “con los ordenado por el juzgado y excederse claramente de los límites”. Zaplana se refería con esta afirmación a la entrada y registro en el despacho de abogados que entonces defendía a Marcos Benavent, el “yonki del dinero”, y en el que se encontraron mediante “hallazgo casual” unos documentos que muchos después dedujo la UCO de la Guardia Civil que podían incriminar a Zaplana en varios delitos.