Amigó asegura que Vera le dijo que estuviera tranquila porque los contratos de Divalterra “eran correctos”

La vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, ha asegurado este miércoles en su declaración como testigo en el caso Alquería que el exresponsable de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera le dijo que los contratos de alta dirección en esta empresa pública eran correctos y que “estuviese tranquila”.

Amigó, el ex diputado provincial de Podem Roberto Jaramillo y otro testigo han comparecido en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra el expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez y otras trece personas que están acusadas de haber realizado varios contratos de alta dirección en Divalterra cuya legalidad está cuestionada.

“(José Manuel) Orengo -entonces jefe de gabinete de Rodríguez- nos recomendó a Vera como jurista de reconocido prestigio. Nos dijo que si le contratábamos como asesor jurídico y de transparencia podíamos estar todos muy tranquilos”, ha asegurado Amigó.

Ha añadido que tuvo acceso a un informe de una asesoría externa que “concluía que los nombramientos eran perfectamente legales”.

“Nos encontramos -en alusión a la antigua Imelsa- una empresa que era un desastre, que estaba intervenida, con la UCO investigando, necesitábamos afianzarla porque podía ofrecer un buen servicio a los municipios, sobre todo los más pequeños. Nos planteamos cerrarla, pero ya veníamos del cierre de Canal 9 y no era el mejor momento para despedir a 1.000 personas”, ha agregado.

Por el contrario, Amigó ha asegurado: “Decidimos fortalecerla con altos cargos, personal de confianza, con alta capacitación profesional. Los diputados no participamos en el nombramiento de esos directivos, pero sabíamos que existía un acuerdo político para la configuración”.

Esta testigo ha insistido en que “jamás” escuchó a Vera decir que los nombramientos de altos directivos eran ilegales. “Es más, en 2018 cuando saltó el tema (se empezó a investigar y se produjeron detenciones) le pregunté si se había hecho algo mal y me dijo que podía estar muy tranquila, que todo se había hecho bien”.

En este sentido, ha explicado que Vera emitió un informe en junio de 2016 fundamentando la legalidad de dichas contrataciones y que “todos confiaban en su profesionalidad”.

“Nadie cuestionó tampoco la capacidad de los altos directivos, ni dijo que no trabajasen, ni siquiera la oposición. Todos conocíamos los proyectos que se desarrollaban y estábamos satisfechos”, ha agregado.

El fiscal ha preguntado a Amigó por qué se despidió a esos altos directivos, a lo que ésta ha respondido: “La oposición empezó a cuestionar los nombramientos y supimos que había informes que los cuestionaban. Se les despidió para solucionar el tema, pensando que quizá se cometió algún error administrativo o laboral”.

“Nadie había nombrado la palabra ilegalidad”, ha apuntado Amigó, quien ha admitido no haber visto todos los informes, sino “solo los que habían pasado por el consejo de administración”.

El exconcejal y ex diputado provincial por Podem Roberto Jaramillo ha explicado que acudía con regularidad a los consejos de administración de Divalterra y que no escuchó “jamás” que nadie cuestionase los contratos de alta dirección.

En caso contrario, ha afirmado, “lo hubiésemos parado todo. Todo el mundo sabía cuándo se incorporaron (esos directivos) y en qué trabajaban”.

Ante la pregunta del fiscal de por qué se despidió a esos directivos, Jaramillo ha recordado que fueron detenidos y que su despido se acordó por motivos políticos, ante la sospecha de que lo que se investigaba tuviese que ver con esos nombramientos.

El tercer testigo en comparecer este miércoles ha sido un técnico del Ayuntamiento de Gandia que colaboró con José Ramón Tíller, según ha explicado, en la selección de algunos candidatos para los puestos de alta dirección de Divalterra.