La Generalitat exigirá a los funcionarios el requisito lingüístico que otorgará la ESO o el Bachiller

La Generalitat Valencia exigirá en la oposiciones a funcionario el requisito lingüístico a partir de 2025. La capacitación de valenciano que deberán aportar los aspirantes se podrá obtener superando la Educación Secundaria, o en su caso, el Bachiller.

De este modo, Compromís y el PSPV han acordado el denominado requisito lingüístico para la función pública en el que prevalece la postura que siempre ha defendido la consellera de Justicia y Función Pública, Gabriela Bravo, según la cualla competencia lingüística en valenciano se debe obtener en la escuela y debe ser universal, al igual que lo es la competencia en castellano.

Así, a partir de 2025, los opositores que aspiren a los grupos A1 y A2 de la administración deberán tener el C1, que se concederá automáticamente a quien supere los dos cursos de valenciano (lengua y literatura) del Bachiller con un siete de media.

Los que opositen a los grupos B y C1 deberán tener el B2 que se concederá a quienes superen la asignatura de valenciano de los dos cursos de Bachiller.

Por último, los opositores al grupo C2 deberán tener el B1 que se obtendrá al superar los cuatro cursos de valenciano de la ESO.

Hasta 2025 se abre un periodo transitorio en el que para aspirar a plazas de nivel A1, A2, B y C1 se deberá tener el B2 y para aspirar a plaza de nivel C2 se deberá estar en posesión del B1.

La homologación de los títulos que efectuará la Conselleria de Educación tendrá efectos retroactivos a todos los estudiantes que hayan superado los distintos niveles educativos.

Este requisito lingüístico no será de aplicación entre el personal sanitario, que tienen su propia regulación desde 2017 y para los cuales el valenciano es mérito pero no requisito, y para los maestros que también tienen su propia regulación.

Pero sí será de aplicación al funcionariado autonómico, local, al de la Universidad no docente y al de los consorcios adscritos a la Generalitat.

También los interinos, sí quieren acceder a una plaza, tendrán que acreditar conocimiento.

Tanto la consellera de Función Pública, Gabriela Bravo, como la de Educación, Raquel Tamarit, han destacdo el cosenso alcanzado porque “lo que está en juego es el derecho de los valencianos a comunicarse con la Administración en la lengua que elijan”.

Bravo ha enfatizado que “se exigirá el nivel de capacitación lingüística que certifique el sistema educativo. No será necesario realizar ningún otro examen para obtener la capacitación”.

El decreto contempla como excepciones en algunos casos a personas con diversidad funcional, o en el caso de que no sea posible cubrir un puesto, se podrá desempeñar de forma temporal por alguien sin capacitación lingüística.

La consellera Tamarit también ha querido resaltar que “el 85 por ciento del personal funcionario autonómico ya acreditan conocimientos de valenciano, y la mitad de ellos tiene el C1″