El TSJ de Madrid cuestiona la ampliación del puerto de València

Una semana después de que el Consejo de Administración del Puerto de València aprobase el proyecto para la construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte con un presupuesto base de 542,7 millones de euros, la Justicia pone el primer impedimento a su ejecución.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto de fecha 5 de diciembre que da la razón a la plataforma ciudadana y suspende cautelarmente la resolución del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de 30 de marzo de 2021 (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pudiese decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la macroampliación que la misma APV promueve. Contradice así a los argumentos de la Abogacía del Estado.

La ComissióCiutat Port ha hecho pública esta resolución indicando que siempre cuestionó la legalidad del “comportamiento abstencionista” tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del Ministerio.

Esta plataforma ciudadana, a la que partidos tanto Compromís como Unides Podem dan su apoyo, afirma que estos organismos pretendían eludir ambos sus responsabilidades evitando pronunciarse sobre la cuestión clave de los “perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia”.

Explican que el Miteco, en marzo de 2021, dictó una Resolución que, 14 años después de la primera Declaración de Impacto Ambiental de 2007, pretendía modificar las responsabilidades de las diferentes autoridades para convertir a la Autoridad Portuaria de València en “juez y parte” en la evaluación de impactos ambientales. Fue este el motivo por el que la plataforma recurrió en vía administrativa ante el propio Ministerio sin obtener respuesta, por lo que acudieron a los tribunales frente a una resolución que siempre han calificado de “nula de pleno derecho y dictada en fraude de ley”.

Es en ese procedimiento judicial, iniciado ante la Audiencia Nacional pero derivado finalmente a la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde han obtenido su primera decisión judicial favorable.

Fuentes de la Comissió destacan que esta suspensión judicial priva a la APV de la posibilidad de decidir por sí misma acerca de la necesidad o no de evaluación ambiental sobre una macroampliación y defienden que si se realiza, se pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma del lago de la Albufera.

“Puertos del Estado deberá ahora requerir el proyecto de ampliación del puerto de Valencia que, supuestamente, fue aprobado en el Consejo de Administración de la APV el pasado 2 de diciembre, y decidir con una motivación adecuada si las modificaciones constructivas introducidas respecto de la propuesta inicial redactada quince años atrás y que obtuvo declaración de impacto ambiental (DIA) favorable en 2007, deben someterse o no a nueva evaluación ambiental. Justo el escenario que las autoridades de Madrid querían evitar”, concluyen fuentes de la Comissió.

La plataforma mantiene que el puerto de València no necesita apostar por crecimientos arriesgados en tiempos de emergencia climática e incertidumbre económica, sino que puede optar por optimizar su gestión, racionalizando el uso del espacio actual infrautilizado y mejorando sus procesos de trabajo, implicando a las personas y empresas que trabajan en el mismo.