Dos empresas valencianas impugnan el concurso de Sanidad para adjudicar el servicio de impresoras

Dos empresas valencianas, Grupo ERI y SAT Inforlingua, han presentado sendos recursos para impugnar el pliego de condiciones publicado por la Conselleria de Sanidad por el cual se licita el servicio de impresoras y fotocopiadoras a los Departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana. Según las empresas, dichos servicios cuestan en la actualidad a las arcas públicas cerca de diez millones de euros, mientras que el pliego publicado lo licita por 39.

En este momento, un total de diez empresas se reparten el mantenimiento de los dispositivos en todos los Departamentos de Salud, de las cuales siete son pequeñas y medianas empresas valencianas. Según afirma Grupo ERI, con las condiciones de solvencia y los requisitos exigidos en el pliego publicado, solo podrán acceder a la adjudicación del contrato grandes empresas, quedando fuera las pyme que actualmente se hacen cargo de los servicios.

Grupo ERI denuncia que el montante del contrato es desorbitado en comparación con la cantidad que se paga en la actualidad, y acusa a los servicios de la Conselleria de “inflar” los datos para justificar la cantidad exigida en la licitación. En este sentido, por ejemplo, aseguran que el coste de las copias en el contrato publicado por la Conselleria, registra incrementos de entre el 23 y el 69 por ciento, mientras que se estima un volumen de copias muy por encima del que en realidad requieren y realizan los centros sanitarios.

Pero no solamente el coste es mayor, sino que las prestaciones del servicio son inferiores, aseguran desde la empresa valenciana. Por ejemplo, en el caso del servicio que ellos prestan en los diez hospitales de la Comunidad, se incluye un técnico “in situ”, que ficha junto con el resto de la plantilla del recinto y permanece en el centro por si hubiera cualquier incidencia. Este servicio no se incluye en el contrato de la Conselleria, aunque cueste diez veces más. Además, aseguran que las características técnicas de los equipos exigidas por Sanidad, son inferiores a los aparatos actuales.

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad, explican que la publicación de este Acuerdo Marco ha seguido todo el proceso legal, sin que en ninguno de los puntos se haya producido ninguna incidencia o rectificación por parte de las entidades que revisan los contratos de este tipo, como la Abogacía de la Generalitat. Además, aseguran que los requisitos de solvencia exigidos los marca la Ley de Contratación Pública y, según estas fuentes, el contrato de la Conselleria incluye mejores prestaciones.

Tras la impugnación del concurso, se paralizará el mismo hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACrc) decida cuál de las dos partes está en lo cierto y si es necesario que el concurso se repita con otras condiciones.