Catalá critica que Ribó “abusa de los contratos a dedo” pese a las advertencias de Antifraude

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha asegurado que, durante esta legislatura, el equipo de gobierno municipal ha firmado 8.300 contratos a dedo, lo que ha considerado un “abuso” que desoye las advertencias de Antifraude.

Catalá ha cifrado en más de 100 millones de euros lo que ha adjudicado a dedo el ejecutivo municipal en más de 17.000 contratos, “a los que habría que sumar los cientos que se firman en las empresas públicas como EMT, AUMSA o la Fundación Deportiva Municipal”.

La concejala ha añadido que durante la legislatura pasada “también fueron más de 50 millones de euros los contratados a dedo desde el Ayuntamiento”, por lo que “no solo no se ha frenado sino que se sigue incrementando el número de los mismos”.

“En 2022 se han firmado 2.016 contratos a dedo más que en el año 2021, cuando la cifra fue de 1.896 contratos a dedo”, ha señalado.

Catalá ha añadido que la Intervención Municipal sigue advirtiendo de esta práctica irregular “cada año” y que “hasta la Agencia Valenciana Antifraude ha puesto el foco en las contrataciones del Gobierno de Ribó y PSOE”.

“Pero a pesar de ello, Ribó y sus socios del PSOE siguen recurriendo a esta práctica, que no es ni transparente ni cumple los criterios de igualdad para las empresas”, ha denunciado.

Antifraude, ha afirmado, ha emitido dos resoluciones en las que reprocha al Ayuntamiento de València “la falta de control o la irregularidad de varios contratos públicos para la gestión de la comunicación de teatros y bibliotecas municipales y para la promoción del festival Bonica Fest de 2019″.

La portavoz del PP en el consistorio ha lamentado que el uso de la contratación a dedo se ha convertido en práctica habitual del gobierno del Rialto, y ha exigido la puesta en marcha de medidas de control y sacar a concurso las licitaciones.

“No puede seguir cada año aumentando el número de contratos realizados a dedo, como ha ocurrido en la organización de Expojove de este año, en la que se ha recurrido a un centenar de contratos que suman más de 640.000 euros”, ha considerado.

Además, ha manifestado que el gobierno de València “eliminó el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General”.

El interventor general, ha recordado Catalá, ha advertido de esta práctica “ya extendida en todas las concejalías”, que ha definido como “reprobable e inapropiada para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas”.

Por ello, Catalá ha instado a que muchas de las contrataciones previstas anualmente “se realicen a través de concursos para dar más oportunidades a las empresas interesadas de la ciudad y evitar la actual situación de opacidad y falta de transparencia”.