Reversión de las ITV en la Comunidad Valenciana: cuándo empieza y cómo funcionará

El Gobierno del Botànic ya tiene experiencia en reversiones. Hasta ahora, ha convertido al sistema público dos hospitales -La Ribera y Torrevieja- y tiene previsto hacerlo con el de Denia. Si bien los resultados de estas experiencias no han sido -hasta ahora- muy satisfactorios, con datos de gestión y resultados económicos mucho peores que cuando eran gestionados por una empresa privada, la Generalitat persiste en su intención de revertir servicios y ahora le toca a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), gestionada por empresas desde hace 25 años.

Aunque en un principio estaba previsto que el pasado 1 de enero las compañías que hasta ahora se encargaban de prestar este servicio lo dejaran en manos de la Generalitat, las estaciones de ITV de la región, asociadas en la patronal AECOVA-ITV, solicitaron una prórroga del servicio de seis meses o una indemnización de 7,6 millones de euros a modo de compensación por la pérdida de negocio durante su cierre debido a la pandemia, que tuvo lugar desde el 17 de marzo al 8 de mayo de 2020.

Finalmente, la Generalitat, atendiendo a este motivo, ofreció una prórroga de 53 días, que finaliza el próximo 22 de febrero. A partir de entonces, será la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, la nueva empresa pública creada a tal efecto, la encargada de asumir la prestación del servicio público de ITV y que realizará las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat.

La vuelta a la titularidad pública de las estaciones de ITV afecta a siete empresas distintas que, en total “cuentan con unos 1.200 trabajadores”, señala Alejandro Pastor, presidente de Aecova-ITV. Aunque, de ellos, la gran mayoría será contratado sin cambios en sus condiciones por la nueva entidad gestora que ha creado la Generalitat: la Sociedad Valenciana de ITV.

Según señala Pastor el cambio a la titularidad pública de las estaciones de la Comunidad (25 fijas, seis estaciones móviles para turismos y otras seis para vehículos pesados) “no supondrá demasiado problema” en Valencia y Castellón, pero sí lo será en Alicante. En esa provincia, según Pastor, “las estaciones fijas de Ohiruela y Redován” no pasarán a manos de la Administración pública, como “tampoco lo harán las líneas móviles (cada estación móvil cuenta con varias, y las desplaza hasta la localidad en las que son necesarias) que operan en Campello, Santa Pola y Calpe”, ni tampoco las que operan “en Elda, Petrer, Novelda, Monóvar y Pilar de la Horadada”.

Esto podría afectar a “entre 100 y 150 trabajadores”, explica Pastor, “pero, sobre todo, supone “que se dejen de ofrecer cerca de 400.000 inspecciones anuales” y que podrían hacer que “se sature el servicio” en Alicante “al menos, durante 3 o 4 meses”, hasta que el modelo de gestión pública comience a funcionar adecuadamente.

Para tratar de evitarlo, Pastor indica que, al menos “las concesionarias de ITV de la región no están dando cita previa más allá del 22 de febrero, ante la imposibilidad de conocer sí podrán ofrecer este servicio”.

Mientras tanto, en los últimos meses, el Conseller de Economía de la Generalitat, Rafael Climent, ha manifestado que creará 10 nuevas estaciones de ITV en la Comunidad; algo que a falta de apenas dos meses para la vuelta a la titularidad pública, Pastor señala que “no han construido ninguna” y que, además, la Administración planea “construir dos en Castellón y dos en Valencia, pero ninguna en Alicante”, la zona que tendrá mayores problemas.

Pero la promesa más notoria de Climent es que retirará la prueba de sonometría, una polémica tasa de control de ruido que supone un coste de 11,25 euros y que, en España, únicamente se factura en las ITV de la Comunidad Valenciana. La supresión de esta tasa supondría una importante rebaja en los precios de las ITV de la Comunidad Valenciana, que actualmente son de 52 euros para los turismos gasolina, de 67 euros para los diésel y de 86,90 euros para los vehículos pesados. Ante esta circunstancia, Pastor admite que “la Administración podría retirar la prueba o bien realizarla sin solicitar la tasa”.

Sin embargo, la obligatoriedad de la prueba de ruido está presente en la actual normativa europea de ITV y podría ocurrir que fuera obligatoria en toda España en los próximos años.