Igualdad

Huelga contra Aitana Mas: tres centros de discapacitados realizarán paros por impagos a los trabajadores

La demora en los pagos ha llegado a alcanzar en alguno de los centros hasta cuatro meses

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas
La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana MasKai FörsterlingAgencia EFE

Las trabajadoras y trabajadores de la Asociación Aspadis, que gestiona tres centros concertados de atención a personas con discapacidad severa integrados en el Sistema Público valenciano de Servicios Sociales, irá a la huelga el próximo día 23 de enero debido a la “angustiosa situación que están atravesando por el impago de sus nóminas”. Las movilizaciones, acordadas en una asamblea extraordinaria, están respaldadas por UGT Serveis Públics y CCOO, únicos sindicatos con representación en el comité de empresa.

Esta situación afecta a alrededor de un centenar de trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en las residencias Padre Poveda en Polinyà del Xúquer, Salvador Amat y el centro Javier Jaque, estos dos últimos en Alberic. Todos los centros están concertados e integrados en el Sistema Público valenciano de Servicios Sociales y tienen una trayectoria de más de 40 años en la asistencia básica especializada y rehabilitación de personas con discapacidad psíquica profunda y severa graves, de GRADO III y con grado de dependencia superior al 65%. En estos centros se presta una atención continuada las 24 horas los 365 días. La demora en los pagos ha llegado a alcanzar en alguno de los centros hasta cuatro meses.

La asociación ASPADIS, es de carácter benéfico-social sin ánimo de lucro y en la actualidad gestiona los citados tres centros de residencias. Cabe apuntar que este colectivo ha seguido al pie del cañón en la atención a las usuarias y usuarios de los tres centros, a pesar de llevar varios meses sin cobrar por su trabajo. Con esta convocatoria de huelga y las concentraciones previstas, se busca visibilizar la grave situación por la que están atravesando y exigir a tanto a la entidad como a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (que adeuda a la entidad más de 1.300.000 €) una solución.