Ribó insiste en que se debe estudiar la afección de la ampliación del puerto a la afección a las playas

La Comissió Ciutat-Port ha celebrado el “nuevo revés judicial” para la Autoridad Portuaria de Valencia que supone, a su juicio, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya desestimado el recurso de la Abogacía del Estado y confirmado que la APV no tiene capacidad de decidir si someter o no a evaluación ambiental la ampliación del Puerto.

En este sentido, han detallado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechado el pasado miércoles, desestima el recurso de reposición interpuesto por la Abogacía del Estado contra otro auto, de fecha 5 de diciembre de 2022, de dicho tribunal.

En consecuencia se mantiene la decisión judicial que daba la razón a la Comissió Ciutat-Port y suspendía la resolución por la que la Autoridad Portuaria podía decidir por sí sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación del Puerto.

“Este nuevo revés judicial para la APV deja en evidencia la falsedad de las palabras de su presidente, Aurelio Martínez, que, con infundada euforia, hace unos días manifestaba a una cadena de radio: ‘al Poder Judicial le cuesta un poquito, pero nos da la razón en todo’”, han destacado.

Asimismo, han alertado de que la operación “pondría en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma de l’Albufera”.

Desde la Comissió Ciutat-Port se han cuestionado “la legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del propio Ministerio, al eludir ambos sus responsabilidades”.

Además, han lamentado que este organismo haya “evitado pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podría ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia”.

Según la Comissió Ciutat-Port, el Ministerio y Puertos del Estado “deberán ahora abandonar su política abstencionista y asumir sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV”.

Ahora, han añadido, el tribunal ha confirmado “la presunción de buen derecho y la existencia de peligro para la eficacia de la futura sentencia si esta es favorable y la resolución recurrida ya se ha ejecutado antes de dictarse dicha sentencia”.

Unas consideraciones del tribunal que los portavoces de la Comissió Ciutat-Port ha interpretado como “un nítido respaldo” a sus argumentos y por tanto han confiado en “una decisión final que obligue a reconsiderar la macroampliación del Puerto de Valencia por sus efectos perversos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana”.

“Creemos que el puerto de Valencia no necesita apostar por crecimientos arriesgados en tiempos de emergencia climática e incertidumbre económica, sino que puede optar por optimizar su gestión, racionalizando el uso del espacio actual infrautilizado y mejorando sus procesos de trabajo”, han añadido.

En este sentido, desde la comisión han destacado que “la macroampliación del Puerto de València es cuestionada por casi doscientos colectivos ciudadanos, organizaciones de estibadores y numerosos informes técnicos y jurídicos emitidos por diversos expertos”.

Con lo que han interpretado como un “nuevo espaldarazo judicial” a sus argumentos, desde la Comissió Ciutat-Port han hecho una llamada “al sentido común a los responsables políticos” y, en particular, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En concreto, le han reclamado “que se alinee con los intereses generales y abandone megaproyectos depredadores del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía, impropios de un gobierno de progreso”.

El alcalde, satisfecho

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha considerado que el auto ha demostrado que las declaraciones del presidente de la APV, que dijo que “en junio se habrá terminado todo”, “no se ajustan demasiado a la realidad”.

“El tema de la ampliación del Puerto cada vez me recuerda más el pantano jurídico en que se encuentra envuelta la Zona de Actividades Logísticas”, ha destacado el alcalde, que ha recordado que esa infraestructura acumula más de dos décadas de problemas legales.

A su juicio, “a cualquier persona le parece razonable que no se puede ser juez y parte”, como cree que ha planteado el recurso de la Abogacía del Estado, que pretende que la APV decida por sí misma si la ampliación requeriría o no de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

“No va a ser una cuestión de un mes, va a ser una cuestión larga porque no se ha hecho, desde mi punto de vista, adecuadamente”, ha destacado.

Ribó ha añadido que el impacto se centra en “dos factores fundamentales”: el daño a las playas del sur, que “objetivamente están siendo perjudicadas y retrocediendo como consecuencia del efecto pantalla del Puerto” y la afección a la movilidad urbana.

“Nadie ha estudiado seriamente cómo afectará en la movilidad de la ciudad y del área metropolitana, y eso necesita ser bien estudiado mediante una declaración de impacto ambiental”, ha concluido.

La síndica de Compromís en Les Corts Valencianes, Papi Robles, también se ha manifestado y ha considerado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el proyecto de ampliación del Puerto de Valencia confirma que esta obra no se debe acometer “a cualquier precio”.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas que ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado y confirmado que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) no tiene capacidad de decidir si someter o no a evaluación ambiental la ampliación del Puerto.

“Con esta noticia se deja de nuevo patente que la ciudadanía se opone muy claramente a la ampliación a cualquier precio del puerto que quiere llevar a cabo el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez”, ha afirmado Robles.

Sobre la gestión de Martínez, ha denunciado que es “oscura”, que “no está cumpliendo con los requisitos” porque, a su juicio, “se le ha metido en la cabeza que tiene que llevar adelante la ampliación caiga quien caiga”.

“Está metiendo al puerto, a la ciudad y al área metropolitana en un grave problema”, ha lamentado la síndica de Compromís, que ha criticado que Aurelio Martínez “no busca preservar el interés general, sino su sueldo, que parece que es bastante suculento”.