Benavent dijo a la UCO que Rus le recomendó abandonar el país

Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha testificado este viernes en el juicio de la segunda pieza del caso Imelsa ha asegurado que el exgerente de esta empresa pública y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, les dijo que “Alfonso Rus y otras personas” le advirtieron a finales de 2014 de que se le investigaba y que debía “dejarlo todo solucionado” e irse del país.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha celebrado este viernes la séptima sesión del juicio por la pieza del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa (provincial) y Ciegsa (autonómica).

Este agente ha explicado que inició la investigación tras recibir, por parte de la Fiscalía, unos audios que fueron entregados al Ministerio Público por la entonces diputada de EU y actualmente consellera Rosa Pérez Garijo.

“Benavent explica en una de sus declaraciones, en 2015, que una de las cosas que hizo como gerente de Imelsa fue contratar a personal que realmente no desempeñaba ninguna función en la empresa. Por eso pedimos datos a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria... Muchos de estos contratados eran asesores, y determinamos quiénes eran y cuál había sido su trabajo real”, ha declarado este testigo.

Los contratos, según ha dicho este agente de la UCO que les contó Benavent, eran decididos por él mismo o “a petición de empresarios, como José Adolfo Vedri, o pedidos como favores por Alfonso Rus o Emilio Llopis”.

Las defensas de los procesados en la segunda de las piezas del caso Imelsa que ha llegado a la fase de juicio han tratado -al igual que sucedió en la primera de las causas- de dudar de la integridad de los soportes en los que se contenían los audios que dieron inicio al caso, así como de su custodia y volcado.

Los agentes de la Guardia Civil han explicado que trabajaron con una copia de los audios contenidos en la memoria portátil o “pendrive” de la marca Kingston entregado por Pérez Garijo al fiscal.

Sin embargo, en la causa consta un segundo “pendrive” (de la marca Intenso) entregado por el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, con los mismos audios -según sostiene el fiscal- extraídos de un ordenador que Benavent dejaba en su casa.

Un informe pericial encargado por la defensa de Alfonso Rus e incorporado a esta causa (no a la primera porque Rus no estaba procesado en ella) concluye que el contenido de ambos “pendrives” no es idéntico, pues tienen una diferente estructura de carpetas y hay ficheros que están en el primero pero no en el segundo.

Ademas, esta pericial concluye también que el ordenador del que supuestamente se extrajeron dichos audios no ha contenido jamás archivos similares a los hallados en los “pendrives”.

Los agentes de la Guardia Civil han afirmado que comprobaron que los audios analizados eran iguales en ambos dispositivos.

En el primero de los juicios de este macrocausa el tribunal avaló como prueba las grabaciones que efectuó Benavent durante años y que dieron inicio a esta causa, e inadmitió todas las dudas que sembraron las defensas sobre la custodia, volcado y posible manipulación de las mismas.

“Se concluye que las transcripciones de las grabaciones realizadas por Benavent de conversaciones particulares en las que intervenía se corresponden con el material efectivamente entregado, tanto en el pendrive Kingston como en el pendrive Intenso”, señaló el tribunal en su sentencia.

“Una vez efectuada la grabación en el servidor de los equipos de la UCO, se trabajó en todo momento con copias. Los pendrives están incorporados a las actuaciones, tanto el aportado por doña Rosa (Pérez Garijo), como el aportado por don Mariano (López, exsuegro de Benavent), habiéndose comprobado que los audios de las presentes actuaciones son coincidentes”, añadieron los magistrados.

Nóminas manipuladas

Dos empleados de administración de la empresa pública Imelsa han confirmado este viernes en su declaración como testigos que la entonces responsable de personal, María Escrihuela, manipuló las nóminas de una decena de directivos y maniobró con el fin de tratar de alterar los controles de horario de determinados empleados.

Escrihuela está procesada en la segunda de las piezas del caso Imelsa que llega a juicio por la supuesta contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa (provincial) y Ciegsa (autonómica) y se enfrenta a una petición de condena de seis años de prisión e inhabilitación especial por seis años.

Estos empleados de administración de Imelsa han explicado cómo tras la llegada de Escrihuela a la compañía la gestión de las nóminas dejó de estar externalizada y que -han dicho- “más o menos sabíamos si alguien trabajaba o no”.

“Escrihuela me dijo que preguntase a la empresa que controlaba los fichajes de los trabajadores si se podía alterar el registro. Porque si fichaba un empleado aparecía un marcador negro y si ese fichaje se manipulaba salía en rojo. La empresa me dijo que no, y yo tampoco pregunté por qué se quería saber esto”, ha explicado una testigo.

Esta misma testigo ha explicado que Escrihuela retiraba mensualmente las nóminas del gerente, Marcos Benavent, o del director financiero, José Enrique Montblanch, entre otros directivos, “diez u once”, para hacerlas ella.

También ha explicado que le indicaron que diese de alta a los asesores contratados por Imelsa, pero que “nunca ficharon”, por indicación de Escrihuela, ya que tampoco se registró su huella dactilar en el sistema.