Tribunales

La jueza abre juicio oral contra el director del parque donde murieron los burros destinados a limpiar los montes

Los hechos, que ocurrieron bajo el mandato de Compromís en la Conselleria, dejan también a un paso del banquillo al ganadero

Ejemplares de burros. EUROPA PRESS
Ejemplares de burrosEUROPA PRESSEUROPA PRESS

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha acordado apartar cautelarmente de sus funciones al director conservador del Parque Natural del Desert de les Palmes, mientras se resuelve el procedimiento judicial penal abierto por la muerte de diez burros.

La decisión se adopta tras el auto del Juzgado de Instrucción de Castellón de incoación de procedimiento abreviado, dictado en el proceso que se abrió a partir de una denuncia por la muerte de estos animales. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón ha abierto juicio oral contra el director del parque natural del Desert, Antonio García, y el ganadero, Juan Librán.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2021 y durante la primera semana de octubre la Conselleria, gobernada en ese momento por el Botànic, tuvo noticias de que el proyecto de ejemplares de burro como medida para prevenir incendios de la masa forestal no estaba funcionando y abrió entonces una investigación para esclarecer los hechos.

La Conselleria actual, en manos del PP, aboga por el absoluto respeto de la presunción de inocencia del funcionario.

Según el relató el fiscal, los animales "fallecieron aparentemente por la falta de ingesta de los nutrientes suficientes" y "no se realizó el correspondiente informe sobre la capacidad nutricional del medio natural en el que los animales fueron liberados y no se les suministró alimentación suplementaria".

Por otro lado, señala, "no hubo seguimiento veterinario de los ejemplares para detectar los problemas alimenticios que sufrían".

El responsable de ello, apuntó el fiscal, "ha sido identificado como Antonio García, director del Parque Natural del Desert de Les Palmes".

El representante del ministerio público consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal y se acordó la remisión de las pruebas practicadas al juzgado como "denuncia" contra Antonio García, "así como contra cualquiera otro responsable de los hechos".