Los cazadores valencianos denuncian que están combatiendo la plaga de jabalíes con su propio dinero

Con el inicio oficial de la temporada de ganchos y batidas el pasado 1 de septiembre, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha vuelto a poner el foco en la creciente problemática de la sobrepoblación de jabalíes. Según su presidenta, Lorena Martínez, esta situación acarrea graves consecuencias en sectores como la agricultura, la ganadería, la seguridad vial y la sanidad animal. El problema se ve agravado por el abandono de tareas de limpieza forestal y por la presencia cada vez mayor de estos animales en zonas urbanizadas.

Impacto económico y social

Las cifras hablan por sí solas: se registran cada año en la Comunidad Valenciana alrededor de 1.000 accidentes de tráfico relacionados con jabalíes, de los cuales un 80% tiene consecuencias graves. A ello se suman los daños a cultivos, que ascienden a 50 millones de euros anuales, lo que refleja solo una parte del alcance de esta crisis.

La gestión de los animales abatidos añade más complicaciones. Aunque la carne de jabalí es saludable y ecológica, su comercialización no está regulada sanitariamente. Esto significa que ni se permite venderla ni existen protocolos claros para la retirada de los cadáveres, de modo que quienes quieran consumirla o deshacerse de ellos deben asumir un coste adicional, algo insostenible para muchos clubes de caza. A esta problemática se suma el riesgo sanitario: la potencial entrada de la peste porcina africana podría representar un desastre para el sector porcino, recordando episodios dramáticos en países europeos donde fue necesaria incluso la intervención militar.

Reducir la densidad de estos animales no es solo una opción para los cazadores, sino una obligación impuesta por la Administración, que exige organizar un número mínimo de batidas en zonas con sobreabundancia. Sin embargo, este control supone un impacto económico significativo: entre materiales, munición, licencias, seguros y análisis veterinarios, los cazadores de la región se dejan alrededor de 9 millones de euros cada temporada, coste que recae íntegramente sobre ellos.

Desde la Federación reclaman también mayor reconocimiento social e institucional por la labor que realizan y la carga que soportan: “ponemos el tiempo, los medios, el dinero y lo hacemos de manera obligatoria, pero muchas veces nos ven como criminales”, lamenta Martínez.