Protestas

Centenares de multas y un detenido en las tractoradas

Piden la destitución de la subdelegada del Gobierno en Castellón

Protesta de La Unió en el Puerto de Castellón
Protesta de La Unió en el Puerto de CastellónAgencia EFE

Las manifestaciones de los agricultores con tractores que en los últimos días han cortado varias carreteras de la Comunitat Valencia, se ha saldado con centenares de multas y un detenido en el corte de la A-3 en Utiel (Valencia).

Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el balance que ha hecho de las protestas a preguntas de los periodistas tras el minuto de silencio que ha presidido por la última mujer asesinada por su pareja en L'Alfàs del Pi (Alicante).

Bernabé ha dicho que entre las denuncias de tráfico y de seguridad ciudadana, la Guardia Civil y la Policía Nacional "impusieron centenares de multas tanto de tráfico como de seguridad ciudadana y hubo un detenido que se produjo ayer en el corte de la A-3 en Utiel".

Bernabé ha deseado que se restablezca "pronto" la circulación en la A-3 y ha explicado que no se puede mantener un carril abierto por "seguridad de las Fuerzas de Seguridad del Estado y por los manifestantes, ya que hay muchas personas en la vía, a pie".

Preguntada por los incidentes en la protesta de los agricultores en el puerto de Castellón ayer miércoles, la delegada ha contestado: "Lo que se hizo fue sacar en brazos a las personas que no querían salir de la vía y estaban bloqueando el acceso. No hubo ningún tipo de carga por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Piden el cese de la subdelegada de Castellón

Por otra parte, el PP ha reclamado este jueves la destitución de la subdelegada del Gobierno en Castellón, María Antonia García Valls, por la actuación policial en la protesta de los agricultores de ayer en el puerto de Castellón, al considerar que se les trató "como delincuentes".

El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha destacado que era una manifestación "legítima, legal y autorizada", convocada por una organización "reconocida y prestigiada" en el mundo de la agricultura, pero hubo "una acción desproporcionada" e "injustificada" contra ellos antes de que finalizara la protesta.

Barrachina ha transmitido al secretario general de La Unió de Llauradors, Carles Peris, el afecto y cariño del PP, mientras que le ha recordado "a la todavía subdelegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia que ya no es ni diputada nacional del PSOE, ni asesora de la vicepresidenta" Teresa Ribera.

"Ahora es en teoría subdelegada de un Gobierno que debe representarnos a todos y velar por que las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sean ordenadas y como hasta ahora, ajustadas a Derecho", ha señalado el síndic del PP, quien ha insistido en que tiene que haber una dimisión o cese.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de "torpeza absolutamente inexplicable lo que hizo la subdelegada del Gobierno" en esta protesta agraria convocada "en tiempo y forma", que habría podido acabar de manera pacífica si no hubiera "mandado cargar a la Policía".

Ha indicado que Compromís va a registrar una pregunta en el Congreso para que el Gobierno dé explicaciones, y ha avanzado que en función de la respuesta estarían dispuestos a pedir la dimisión de la subdelegada, al considerar que se "extralimitó" y actuó de manera "torpe" y la carga policial fue "absolutamente desproporcionada y fuera de lugar".

Baldoví ha criticado que "algunos partidos de extrema derecha intenten capitalizar" una protesta "legítima" de los agricultores mezclándola con otros temas, y ha asegurado que le da vergüenza "ver cayetanos, marqueses y políticos de Vox" que nunca han tocado la tierra encima de un tractor.

Por su parte, el síndic socialista, José Muñoz, ha considerado que la subdelegada del Gobierno en Castellón actuó "de manera adecuada" y "no entró en cuestiones políticas" en la tractorada de este miércoles, por lo que ha mostrado el "total respaldo" del PSPV al trabajo de García Valls.

A su juicio, los técnicos del Ministerio del Interior y de la Delegación tendrán que valorar cómo fue la actuación de las Fuerzas de Seguridad, pero se ha mostrado convencido de que si hubiera habido una actuación desproporcionada "no fue por una orden directa" de la subdelegada.

Vox ha señalado que no tiene todavía una postura sobre este asunto y lo tiene que estudiar.