
La gestión de la DANA
La CHJ y la Generalitat valenciana: una relación marcada por las discrepancias
El Gobierno valenciano acudió a la vía judicial para exigir a la CHJ más caudal para L’Albufera

Las diferencias entre la Generalitat valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no comenzaron el pasado 29 de octubre. El Gobierno que preside Carlos Mazón puso en el centro del debate político a este organismo de cuenca cuando, durante la campaña a las elecciones europeas celebradas el pasado mes de mayo, denunció que no enviaba el agua necesaria y comprometida por ley para L’ Albufera de Valencia.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se había comprometido durante el mes de febrero a aumentar los caudales de esta laguna para garantizar su supervivencia en la época de sequía y enviar un total de 20 hectómetros cúbicos. Sin embargo, cuando la fecha para autorizar dichos caudales venció, esos envíos no se habían realizado.
La responsabilidad de realizarlos depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se afanó en asegurar, sin lograr demostrarlo, que ese caudal había llegado. Incluso el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que no acostumbra a convocar a los medios de comunicación, dio una rueda de prensa para abordar este asunto sin poder demostrar que el agua había llegado.
Contra el Gobierno
Aunque pueda parecer un asunto menor fuera de Valencia, este parque es uno de los más representativos de la Comunidad Valenciana, por lo que este desplante fue aprovechado por el Consell para remarcar el desprecio de la ministra hacia los valencianos.
El Consell no se detuvo una vez pasadas las elecciones europeas y continuó, de la mano del Ayuntamiento de Valencia, en esta batalla para preservar la calidad de agua de una Albufera que ahora mismo está repleta de fango y lodos.
Ante la falta de respuesta del Ministerio de Transición Ecológica, la Generalitat valenciana dio un paso más. Tras enviar un requerimiento para recibir el agua, interpuso un recurso contencioso-administrativo para exigirlo.
También lo hizo el Ayuntamiento de Valencia que informaba, horas antes de que se produjese la DANA, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana había admitido a trámite su recurso contra la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En este acusaba al Ministerio de estar incumpliendo lo previsto en el Real Decreto 35/23 de 24 de enero, del Plan Hidrográfico del Júcar, en cuanto a los aportes hídricos que tiene que recibir el lago.
La mera admisión a trámite de este recurso supuso un logro en esta batalla, pues pese a que lo habitual es que esta fase se supere sin problemas, la propia Sala suscitó de oficio la posibilidad de inadmisión del recurso, pidiendo alegaciones al abogado del Estado y al del Ayuntamiento.
El abogado del Estado se opuso a la admisión, pero la Sala sí atendió las alegaciones del Ayuntamiento.
El siguiente paso está en manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar que también, en esta cuestión deberá mover ficha y enfrentarse, de nuevo a la Administración valenciana.
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