El Ayuntamiento de Valencia deberá pagar 7,5 millones por las cotizaciones de falsos autónomos que contrató Ribó en Mercavalencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado a Mercavalencia y a una cooperativa (Woorkman ACP) por una contratación “fraudulenta” de trabajadores para el matadero. El auto del TSJ recrimina al gobierno de izquierdas entonces en el Ayuntamiento de Valencia que debía ser Mercavalencia quien contratará a los trabajadores y no a través de una cooperativa como hizo en 2016.

La Inspección de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) fijó en 7,5 millones de euros la liquidación de cuotas pendientes de 429 trabajadores, que prestaron servicio durante cuatro años en el matadero de Mercavalencia como autónomos, y que ahora deberá pagar el Ayuntamiento

La sentencia concluye que “el ordenamiento laboral no permite que una sociedad, empresa o entidad de cualquier naturaleza, pueda actuar como mera cedente de mano de obra a terceros, a salvo del supuesto de las empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas”.

Y prosigue señalando que “la constitución de la cooperativa es puramente formal y su actuación se limita a la simple y mera intermediación para facilitar mano de obra al verdadero empleador, no puede entonces calificarse como una auténtica cooperativa de tal clase. Esa formal constitución lo ha sido en fraude de ley, y debe aplicarse en consecuencia la norma legal que se ha tratado de eludir, que no es otra que la de atribuir a la empresa principal la condición de empleador de los trabajadores”.

Asimismo, la sentencia determina que la cooperativa que contrató Mercavalencia “no realiza de forma real y efectiva la actividad cooperativizada que formalmente constituye su finalidad y objeto social, sino que se ha constituido de manera formal y aparente como una cooperativa de trabajo asociado que utiliza en fraude de ley esa configuración legal para actuar en el mercado como una entidad destinada exclusivamente a la intermediación de mano de obra, para la puesta a disposición de trabajadores en favor de la empresa principal (Mercavalencia) que ha subcontratado sus servicios y es por este motivo la verdadera empleadora de quienes trabajan en sus instalaciones”.

Fuentes del actual equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia hicieron hincapié en que éste era "un nuevo pufo de la gestión de Compromís y PSOE que costará a los valencianos 7,5 millones de euros".

De la época del PP

Sin embargo, desde Compromís explican que "el acuerdo con la cooperativa Work Man ACP se hizo en tiempo del Partido Popular (enero de 2015), y al conocer que en este contrato podía existir un posible incumplimiento con la tesorería de la Seguridad Social, el gobierno de Joan Ribó hizo una auditoría e inició una negociación con los trabajadores, lo que permitió que fueran asumidos por una nueva empresa cárnica".

Concluyen que "esta sentencia, en todo caso, es la certificación judicial de una mala pràxis que hizo el anterior gobierno del PP y que Compromís resolvió en su primera legislatura.

Pese a que tanto el PP como Compromís se echan la culpa mutuamente de esta contratación irregular, la sentencia reconoce que el denunciante de esta situación anómala no fueron ninguna de las dos formaciones, sino el sindicato UGT.

La denuncia de UGT

En 2016, un grupo de cooperativistas constituyeron la sección sindical de UGT e iniciaron el camino para la reivindicación de sus derechos. Logro que después de 9 años se ha visto materializado en los juzgados, según indica UGT en un comunicado.

Recuerdan que Mercavalencia es una empresa semipública que depende del Ayuntamiento de Valencia; y por ello desde el primer momento UGT se embarcó en negociaciones tanto con la dirección de ese momento de Mercavalencia como con el propio Ayuntamiento de Valencia para llegar a una solución que reconociera los derechos de los trabajadores de Mercavalencia.

"El proceso fue de largas negociaciones, concentraciones, comparecencias en el pleno del ayuntamiento y reuniones con Mercasa (Madrid) para intentar regular la situación de la mejor manera posible".

En fecha 28/06/18 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó el Acta de Liquidación en materia de Seguridad, reconociendo que Mercavalencia mantenía verdaderas relaciones laborales, al entender que la cooperativa en la que se encontraban organizados los trabajadores y trabajadoras “era una mera ficción jurídica que tenía como misión servir de elemento interpositorio en la verdadera relación laboral, con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social”; Aunque ello no fue el fin de este camino, ya que se paralizo esta situación hasta celebrarse los distintos juicios.

En marzo de 2019, UGT consigue que los trabajadores del matadero pasaran a ser trabajadores de Mercavalencia y que los 200 trabajadores del despiece formaran parte de Prointuria, dando estabilidad en el empleo y a la espera de lo que los distintos juzgados fueran marcando sus resoluciones.

Y concluyen que "ha sido este pasado 13 de febrero de 2025, y después de 9 años de continua lucha cuando el TSJ de la Comunidad Valenciana ha dado la razón a UGT".