El Consell acusa al Botànic de adjudicar 876 millones en contratos irregulares

Una vez en el Gobierno, con todos los datos en la mano, el actual Consell de Carlos Mazón ha podido evaluar la gestión realizada durante los últimos años por el anterior Gobierno del Botànic y, al parecer, se han encontrado con alguna que otra sorpresa. Según explicó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, el anterior equipo de Gobierno valenciano adjudicó «a dedo, con irregularidades, aproximadamente 450.000 euros al día durante la última legislatura».

En concreto, según fuentes de Presidencia, la suma total de contratos adjudicados de manera «exprés» o sin crédito presupuestario autorizado, es de 876 millones de euros entre todas las Consellerias y empresas públicas.

Según estas mismas fuentes, la administración valenciana «se saltó la mayor parte de las recomendaciones que, sobre gestión y tramitación de los contratos menores y gastos sin expediente ni crédito presupuestario, realizan desde la Sindicatura de Cuentas y organismos oficiales como la Airef».

El conjunto de todas las Consellerias y del sector público de la Generalitat, según los datos del Consell, tramitaron desde 2019 hasta 2023 unos 270.000 expedientes por la vía rápida, «obviando los principios básicos de publicidad, eficiencia y libre concurrencia». Cada día se adjudicaban por esta «cuestionable» vía unos 147 contratos menores o pagos de este tipo.

Entre las recomendaciones que vulneró el anterior Consell, explican desde el Gobierno valenciano, figura la directriz básica de solicitar siempre al menos tres presupuestos económicos antes de la adjudicación definitiva de un contrato mejor que sale a licitación (se consideran contratos menores aquellos con un valor inferior a los 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o 15.000 cuando sean para suministro o de servicios).

Por este método «exprés», se adjudicaron hasta 75.919 contratos menores en cinco años por parte de las Consellerias y de todas las empresas públicas. En concreto, la cifra asciende a 17.589 contratos en el caso de las Consellerias, que equivalen a 163,5 millones de euros, y 713 millones en el caso de las empresas públicas.

De estos últimos, 554,5 millones corresponden a facturas que se pagaron sin que hubiese por medio expediente de contratación alguno. El resto, 158,85 millones, son contratos menores adjudicados directamente.

Estas mismas fuentes explicaron ayer que, «visto el descontrol que se ha detectado, la Generalitat pedirá a la Intervención General que analice qué ha pasado y que diseñe un nuevo y más riguroso sistema de control para que no haya barra libre de adjudicaciones a dedo y que sobre todo audite especialmente al sector público de la Generalitat para que haya una fiscalización previa de los gastos del sector público y no se limite a un control posterior».

Además, se va a estudiar el poner en manos de la Abogacía que examine si ha habido alguna irregularidad o ilegalidad por un supuesto uso indebido de dinero público o si se ha producido algún fraccionamiento.

Investigación de Antifraude

La Agencia Valenciana Antifraude, dirigida por Joan Llinares, ya anunció en 2022 que tenía abierta una invetsigación sobre los contratos de emergencia realizados por la Generalitat durante la pandemia, un expediente que "prácticamente" en fase de finalización.

Según explicó en su momento el propio Llinares, entre los "errores" que se llevaron a cabo con los contratos de emergencia durante la COVID-19, que "afectan a cantidades muy importantes", figuraba la falta de fiscalización interna. "No habría podido evitar los sobrecostes, pero sí racionalizarlos o darle regularidad a su funcionamiento", razonó.