Desacuerdo general en el parlamento valenciano

Sin novedades. Así ha arrancado la tramitación de las cinco proposiciones de Ley presentadas por PP y Vox en Les Corts valencianes, una sesión en la que todos los grupos han mantenido sus posiciones iniciales. La oposición mantiene que el paquete legislativo de los dos partidos que sostienen el Gobierno valenciano son una "involucíón" e incluso se plantean recurrir alguna de las normas a los tribunales.

Una de ellas es la denominada Ley de Libertad educativa, que acaba con el modelo de plurilingüismo implantado por el anterior gobierno del Botànic. Los socios de gobierno han defendido que acabará con "la imposición del valenciano" en las aulas y la oposición la llevará a los tribunales por "sectaria" y buscar eliminar esta lengua en los colegios.

La denominada proposición de ley reguladora de la libertad educativa derogará la ley de Plurilingüismo de 2018, que fijó un mínimo del 25 % en castellano y valenciano a todo el alumnado, para volver al modelo de las dos líneas, establecer el derecho de las familias a elegir la lengua base y dar certificaciones automáticas del valenciano al cursar la materia.

En la defensa de la propuesta, el diputado del PP Juanfran Pérez Llorca ha indicado que el objetivo es que se tengan en cuenta las singularidades de la Comunitat Valenciana, donde ningún territorio se sienta "discriminado, como hasta ahora", tras ocho años de "imposición" del valenciano, que quieren cambiar por su "promoción".

La diputada de Vox Julia Llopis ha afirmado que este ley "antepone el interés del alumno y la libertad de las familias por encima de cualquier interés político" y frente a la "descomunal imposición lingüística"; respeta "por igual" el valenciano y el castellano; y evitará las "barreras lingüísticas" para el alumnado que llega de otros países.

Por el contrario, el socialista José Luis Lorenz ha reprochado que PP y Vox busquen "instaurar el pensamiento único" y quitar oportunidades a los niños y niñas "eliminando el valenciano de las aulas", pues con esta ley el alumnado no tendrá los mismos derechos, porque no conseguirá tener las mismas oportunidades.

Ha recordado que el proyecto lingüístico de cada centro lo determina el consell escolar, en el que están representadas las familias; ha criticado que se quiera volver al modelo de antes de 2015, basado "en la segregación"; y ha asegurado que el objetivo es hacer desaparecer de las aulas el valenciano, la principal seña de identidad de los valencianos.

Concordia o Memoria democrática

Otra de las leyes que ha generado más polémica es la denominada Ley de Concordia, que busca derogar la anterior Ley de Memoria Democrática del Botànic.

En la defensa de la proposición de ley conjunta, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha afirmado que esta iniciativa busca la concordia, "preservar la reconciliación y reconocer a todas las víctimas, con independencia de quienes las hayan causado, hasta nuestros días, porque todas merecen ser respetadas".

Barrachina ha negado que vayan a "reducir derechos" de la ley vigente, pues el Consell que preside Carlos Mazón publicó en enero un decreto para exhumar a 422 víctimas, y ha reprochado a los socialistas que elijan cementerios valencianos, como el de Paterna, para hacer "mítines" de cara a las elecciones europeas, en alusión al acto que reunió allí este martes a los ministros Félix Bolaños y Diana Morant.

Por el contrario, la diputada socialista Mercedes Caballero ha señalado que no se puede usar una palabra "tan bonita" como la concordia para definir una ley que contiene "tanta maldad", pues "lo único que pretenden es blanquear un régimen genocida" como el franquismo, al igualarlo con la democracia.

"Nunca han renunciado a ser los herederos del franquismo, pero jamás habían tenido la desvergüenza de plasmarlo en un texto legislativo", ha aseverado Caballero, que ha acusado a PP y Vox de "legitimar un golpe de Estado", querer volver "a las dos Españas" y "equiparar" a las víctimas con los asesinos. "Ni una confesión grupal les va a eximir de sus pecados", ha dicho.

Modelo de À Punt

El PP y Vox han defendido este miércoles la necesidad de cambiar el modelo de la radiotelevisión pública valenciana, al considerar que es un "fracaso" en gestión, audiencia o financiación, mientras que la oposición ha considerado que se busca el "asalto" y el "control político" de À Punt.

En la defensa de la propuesta, el diputado del PP José Juan Zaplana ha considerado que hasta ahora ha "faltado valentía y sobrado enredos" para abordar el "necesario" cambio de modelo de una televisión pública marcada por la "quiebra financiera" y "bajísimas audiencias", que ha sido "cuestionado permanentemente".

A ello ha sumado un "elefantiásico desarrollo normativo" y unos órganos "incompetentes cargados de ideología y de control político", que ha han dejado una cadena que cuesta 85 millones de euros pero los valencianos la ven con "desapego" y no se sienten representados en los contenidos de À Punt.

El diputado de Vox Joaquín Alés ha afirmado que el origen de la "debilidad" de la cadena es su ley fundacional, a la que se ha referido como el sueño de la izquierda para alcanzar "una utopía nacionalista" que ha "fracasado estrepitosamente", con la que buscaban una "imposición lingüística alejada de la realidad" y difundir mensajes "sesgados".

Por el contrario, la diputada socialista Mercedes Caballero ha acusado al PP y Vox de pretender un "asalto y control político" mediante una ley que supone "un gran retroceso" en los medios de comunicación públicos y en la que plasman un modelo basado en hacer "lo que quieran, cuando quieran y como quieran".

Ha calificado esta ley como una contrarreforma de la conquista del derecho a una información veraz y ha asegurado que se quita voz a la ciudadanía y participación a los trabajadores para dar paso a una cadena pública "al servicio de un Consell de la mentira y de la manipulación".

Para la diputada de Compromís Nathalie Torres, esta ley, que ha tachado de "pifia" para hacer una televisión "a la medida de los intereses partidistas" de PP y Vox, es la "del control político, la precarización informativa y el borrar definitivamente el valenciano del espacio comunicativo".

Ha afirmado que no está justificada la "demolición" de actual modelo de una radiotelevisión pública "imparcial, con órganos transparentes y con el valenciano como lengua vehicular", y ha considerado que se quiere volver "a los peores años de manipulación y descrédito de la extinta Canal 9".

Ley de transparencia e incompatibilidades

Por otra parte, el pleno ha celebrado también el primer debate sobre la norma que introduce modificaciones en leyes valencianas sobre transparencia e incompatibilidades de los cargos públicos, que según sus impulsores apuesta por el acceso a la información pública por la ciudadanía y por una transparencia "real y efectiva".

La oposición ha acusado a PP y Vox de pretender eliminar controles, esconder la actividad del Consell y permitir que sus integrantes puedan "hacer negocio" durante el ejercicio del cargo, y ha afirmado que se empieza eliminando controles y transparencia y se acaba en el banquillo del acusados, como el caso Erial que se juzga actualmente.