La Diputación de Alicante aprueba ayudas por 45 millones a autónomos y pymes

La Diputación de Alicante movilizará 45 millones de euros para ayudar a los autónomos, pymes y familias vulnerables a pagar sus facturas ante la inflación en dos convocatorias aprobadas por el equipo de gobierno -formado por el PP y los dos diputados del grupo de no adscritos- y con la abstención del PSPV-PSOE y Compromís.

En el primer pleno de la institución tras la disolución grupo de ciudadanos por la marcha de sus diputados Julia Parra y Javier Gutiérrez, el equipo de gobierno ha resaltado que mientras la Generalitat y el Gobierno central "no han dotado semejante cifra en ayudas ante la inflación y la crisis energética", la Diputación "sí lo ha hecho".

El presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, ha destacado que "se trata de la cifra de ayudas más importante que se ha aprobado en Alicante ante la subida de los precios y la crisis económica y, sin embargo, se ha aprobado en solitario y sin el apoyo del PSOE y de Compromís, que no han querido votar a favor, lo que resulta sorprendente y hasta sonrojante".

A través de estas subvenciones provinciales, que llegarán a todos los municipios a través de dos convocatorias, la Diputación pretende ayudar a autónomos, pymes, micropymes y profesionales a pagar la cuota de autónomos, el alquiler de los locales o las facturas de luz, gas o carburantes, según un comunicado de la institución provincial.

Además, los ayuntamientos canalizarán las ayudas provinciales para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias más vulnerables, costeando la compra de alimentos, productos de higiene, medicamentos o el pago del alquiler, la luz o el agua. También se subvencionará la asistencia y apoyo a los refugiados procedentes de Ucrania.

El portavoz socialista, Toni Francés, ha justificado la falta de apoyo de su grupo por la situación generada en la Diputación tras la desaparición del Grupo Ciudadanos, y por parte de Compromís, Gerard Fullana ha criticado que no se haya convocado la Junta de Portavoces previa al pleno para abordar estas subvenciones y ha lamentado la dificultad que tienen los ayuntamientos para gestionarlas, por lo que ha pedido que se aglutinen todas las convocatorias para facilitar la labor a los municipios.

Por un lado, la Diputación ha articulado una convocatoria de 20 millones de euros, que gestiona el área de Desarrollo Económico, para minimizar el impacto económico de la crisis "contrarrestando los efectos que están sufriendo por la subida indiscriminada de los precios, los costes de explotación y los tipos de interés", ha destacado el diputado del área, Sebastián Cañadas.

Las ayudas, que crecen en dos millones con respecto al pasado año, se tramitarán a través de los consistorios y cubrirán los gastos que se hayan abonado entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

La cuota de autónomos, el alquiler mensual del local de negocio, los intereses de préstamos de adquisición de este y el 50 por ciento de los gastos de energía eléctrica, gas y carburantes necesarios para el funcionamiento de la empresa son las partidas subvencionables, siempre que la media de rendimientos netos de los meses por los que se vaya a solicitar la ayuda sean iguales o inferiores a los de la anualidad de 2021. La aportación será de hasta 8.000 euros por solicitante y se anticipará por defecto a los consistorios.

Por cuarto año seguido, la Diputación de Alicante también apoyará a los municipios en la cobertura de prestaciones sociales extraordinarias, tanto para ayudar a las familias que más lo necesitan debido a la crisis económica y energética como para atender a los refugiados procedentes de Ucrania que han llegado a la provincia.

La diputada de Bienestar Social, María del Carmen Jover, ha explicado que en este ejercicio las subvenciones se elevan a 25 millones de euros, siete más que en 2022, y se podrán beneficiar ayuntamientos, entidades menores y mancomunidades de Servicios Sociales.

La subvención, que también se ha distribuido entre los municipios en función de la población, se podrá destinar a ayudar a las familias para garantizar los ingresos suficientes y la cobertura de sus necesidades básicas (alimentos, artículos de limpieza e higiene, ropa, medicamente, pañales, material escolar, gastos de alquiler o el suministro de agua, electricidad o gas).

El refuerzo del personal de Servicios Sociales de los ayuntamientos y la asistencia a refugiados ucranianos (alojamiento, servicios de traducción o de enseñanza en español, entre otros), también se podrá sufragar con esta convocatoria con un plazo de solicitudes de 20 días hábiles.