Los economistas valencianos, en contra de la condonación de la deuda catalana

El 58 por ciento de los economistas valencianos se muestran en contra de la condonación de 15.000 millones de deuda pública a Cataluña puesto que esta comunidad autónoma «no está infrafinanciada». Este es uno de los datos resultantes de la encuesta extraordinaria realizada por el Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV) entre sus asociados para recabar la opinión de sus miembros tras los pactos entre el PSOE y los partidos nacionalistas y sus posibles repercusiones sobre fiscalidad, economía y empresa.

El 68 por ciento de los encuestados, preguntados sobre si el Estado debería condonar la deuda al conjunto de las autonomías, con independencia de su cuantía y origen, se manifiestan contrarios a esta posibilidad, aunque un 53 por ciento admite que esta decisión pueda adoptarse en el caso de comunidades infrafinanciadas, como es el caso de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Por otra parte, el 61 por ciento se manifiesta contrario a que se condone la deuda de las comunidades autónomas por considerar que suponen un incentivo al gasto y al endeudamiento.

Desconfinaza de inversores

La pérdida de confianza de los inversores ante los pactos de investidura preocupa también a los economistas valencianos. El decano del COEV, Juan José Enríquez, y el vicedecano del COEV, Alfredo Hernández, presentaron los resultados de una encuesta compuesta por tres preguntas centradas en la consecuencias económicas y jurídicas que pueden tener la ley de amnistía, los efectos de la aplicación de un cupo fiscal para Cataluña, y la condonación de una parte de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Una de las cuestiones abordadas versa sobre los efectos que puede tener una ley de amnistía sobre aspectos como la imagen que el Estado español está dando de cara a captar inversiones. En este sentido, el 70 por ciento de los encuestados muestran su preocupación por las consecuencias que pueda tener para la llegada de inversores, y de ellos un 60 por ciento se muestran altamente preocupados.

Por otra parte, el 19 por ciento lo considera beneficioso y de ellos un 9 por ciento piensa que esta ley puede activar las inversiones, mientras que el 11 por ciento cree que no habrá cambios en este ámbito tras la aprobación de la citada norma.

Sobre la influencia de la amnistía sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones públicas, un 72 por ciento considera que puede ser claramente perjudicial, frente a un 13 por ciento que se queda en las opciones neutras, mientras que un 15 por ciento elige entre las opciones que van de 7 a 10, considerando que la ley puede ser beneficiosa, aunque solo un 7 por ciento la ven como claramente beneficiosa.

En lo que respecta al efecto que la amnistía pueda tener sobre la solvencia del Estado legislador y la confianza de las instituciones, el 72 por ciento cree que la aprobación de esta ley va a afectar muy negativamente a este aspecto, y de ellos un 58 por cienti cree que va a ser muy perjudicial.

Otra parte de la encuesta se centra en los efectos que tendría la aprobación de un régimen fiscal para Cataluña similar al que tienen País Vasco y Navarra, algo que el 72 por ciento de los encuestados considera perjudicial para la igualdad y la solidaridad entre españoles y un 70 por ciento cree que afectará a la estabilidad del sistema tributario español.

Un 69 por ciento considera que el establecimiento de un cupo fiscal para Cataluña tendrá consecuencias negativas en la competencia fiscal entre regiones, un porcentaje que es el mismo para aquellos que creen que perjudicará la cobertura de gastos de la Administración central.