La Fiscalía, en el escrito de conclusiones provisionales presentado en la causa sobre la gestión que realizó la Conselleria presidida por Mónica Oltra al conocer los abusos cometidos sobre una menor por el exmarido de ésta, pide la absolución de la ex vicepresidenta y del resto de funcionarios investigados, al no apreciar conducta criminal alguna.

Es más, el fiscal considera que la causa debería haber sido sobreseída, pero al haber obligado la Audiencia a juzgarla, pide la absolución de los acusados.

La Sección Cuarta de Audiencia Provincial de Valencia confirmó en mayo el procesamiento de Oltra y de parte de su equipo tras desestimar los recursos de apelación de varios de estos trabajadores (la exvicepresidenta ni recurrió ni se adhirió a los otros) contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de dictar auto de procedimiento abreviado.

Dicho auto de procesamiento abreviado fue dictado hace un año "por imperativo legal" por dicho juzgado en cumplimiento de la orden de la Audiencia de que reabriera una causa que había archivado provisionalmente al considerar que todos los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales se habían "desvanecido por completo".

El Ministerio Público repasa punto por punto la actuación de la Conselleria cuando se tuvo conocimiento de los abusos cometidos por el exmarido de Oltra sobre una menor que estaba tutelada en un centro de menores, tutelado por la consellera. En un informe de veinte folios describe todas las actuaciones realizadas por todos los intervinientes, y señala que cuando ocurrieron los hechos "no existía ningún tipo de protocolo en la Conselleria acerca de cómo proceder en casos de abusos sexuales a un menor tutelado y no existió ninguno hasta tiempo después, cuando se dictó una Instrucción de 20 de septiembre de 2017 por la Dirección General de Infancia y Adolescencia relativa a las medidas a adoptar en caso de posible hecho constitutivo de delito".

Por ello considera el fiscal que "no hay constancia de que hasta ese momento nadie con responsabilidades a cualquier nivel de la Conselleria tuviera conocimiento de estos hechos ni dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los hasta ahora mencionados acerca de cuál debía ser su modo de proceder".

El informe del fiscal también hace alusión a la no inclusión en la causa durante la celebración del primer juicio contra el acusado, de un informe psicológico realizado por el Instituto Espill en el que se dudaba de la veracidad de la denuncia de la joven, y de cómo la Audiencia obligó a repetir parcialmente el juicio para incluir dicho informe, y que tras al celebración de la vista, la sentencia condenatoria se refirmó en la culpabilidad del acusado al que impone cinco años de prisión.

A pesar de todos los vaivenes de la causa, considera el fiscal que "los hechos relatados no son constitutivos de infracción criminal alguna". Y que "siendo así, no proceden pronunciamientos relativos a participación, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, penas o responsabilidades civiles".

Además, aclara en su escrito que "no se considera necesaria ninguna diligencia complementaria, la postura del Fiscal de no formular acusación en la causa ha quedado ya clara, y la posibilidad de sobreseimiento ha resultado definitivamente cegada por la postura reiteradamente expuesta por la Audiencia Provincial, se opta por formular calificación absolutoria por obvias razones de economía procesal", concluye.