La Generalitat valenciana estudia cómo paliar el "hachazo" en la factura del agua

En plena eclosión de la crisis inflacionista, el anterior Gobierno valenciano, el Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- aprobó un decreto en julio del año pasado, que posteriormente renovó en diciembre, para «suprimir» el canon de saneamiento del agua, una tasa que forma parte del recibo por este servicio. Sin embargo, el tributo no se eliminaba, sino que se aplazaba, tal y como figuraba en los decretos, de manera que a partir del de agosto de 2023, el canon no solamente vuelve a estar en vigor, sino que se tiene que abonar la cantidad aplazada, es decir, 276 millones de euros.

En la práctica, esto supone que los valencianos van a ver su factura incrementada en hasta 20 euros durante el próximo año y medio, el tiempo necesario para devolver el pago aplazado.

Una decisión política que ahora hereda el actual Consell, formado por PP y Vox, que debe de tomar una decisión al respecto. Según fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, dirigida por Salomé Pradas, desde la Generalitat se están estudiando diferentes fórmulas para paliar el «hachazo» que supone para los valencianos tener que hacer frente al pago aplazado de este canon.

Aunque no se especificaron cuáles pueden ser estas medidas -podría ser desde un nuevo aplazamiento, hasta la bonificación del impuesto para las rentas más bajas- estas fuentes sí explicaron que esta misma semana se avanzará más información al respecto a través de la Entidad de Saneamiento del Agua (Epsar), cuyo nuevo gerente, José Aparicio, fue nombrado ayer mismo.

Mientras tanto, desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana exigían ayer a la Generalitat medidas para paliar este incremento de la factura. La organización de consumidores apuntaba que es el actual gobierno el que tiene en su mano continuar con esta medida de aplazamiento, eliminar o bonificar esta tasa al igual que se ha hecho con otras, o volver a cobrarla en el recibo del agua aplicando o no el carácter retroactivo del mismo.

[[H3:Regalo «envenenado»]]

El síndic del grupo parlamentario popular, Miguel Barrachina, aseguraba el pasado viernes que el aplazamiento del «canon de saneamiento del agua es el último regalo envenenado» del expresident Ximo Puig que ahora tienen que pagar los valencianos de su bolsillo.

Explicó que «los valencianos están recibiendo en sus recibos el incremento del agua con los cargos por el pago del saneamiento que aplazó Puig con sucesivos decretos del Consell en época electoral, desde agosto de 2022 hasta julio de 2023», lo que, a su juicio, es «otra muestra de su nefasta gestión», aseguró.

Por su parte, el que era conseller de Hacienda cuando se aprobó el aplazamiento de este impuesto, el socialista Arcadi España, pedía a la Generalitat que se condone este canon a las familias más vulnerables y se fraccione para el resto. España criticó que las dos primeras medidas fiscales del gobierno del PP y Vox en la Comunitat Valenciana indican «que gobiernan para una minoría», al bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y «permitir» que suba el recibo del agua.