La Generalitat valenciana promueve el acogimiento familiar para aliviar la saturación de los centros de menores

La Generalitat Valenciana promoverá el acogimiento en familias para tratar de aliviar la situación de saturación que viven los centros de menores. Pese a la escasez de recursos, la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad promocionará este tipo de tutela de menores y tratará de eliminar los obstáculos y dificultades administrativas y de todo tipo que encuentran las familias que pretenden ser de acogida, y que provoca que, hoy por hoy, no haya apenas familias dispuestas a acoger. Y si hablamos de menores con necesidades especiales o riesgo sobre su salud mental, la oferta de familias es cero.

Y todo ello a la espera de que llegue un contrato europeo de fondos para poder realizar una campaña de promoción mucho más importante en 2024. Mientras tanto, la Conselleria promueve charlas donde promociona el acogimiento y lo pone sobre la mesa en sus reuniones con colegios profesionales o asociaciones como al de Familias Numerosas, entre otras.

El acogimiento familiar forma parte de la estrategia que se sigue con los menores tutelados y que desde hace años se pretende "desinstitucionalizar", y a la vez aliviaría la saturación máxima que sufren los centros.

Más de cuarenta millones de euros

Además, el Consell afronta un contexto adverso ya que el anterior Ejecutivo del Botànic ha dejado una deuda que supera los cuarenta millones de euros al cortar los pagos a las residencias tanto privadas como públicas de gestión privada en el mes de diciembre de 2022. Además, el dinero que estaba en las partidas para este menester ya no está, tal y como ha concretado a LA RAZÓN la directora de Familia, Infancia y Adolescencia, Elena Albalat.

Actualmente, la Generalitat Valenciana tiene 118 residencias de menores repartidas por las tres provincias de la Comunitat, que dan cobijo a 1.600 menores tutelados por la Administración. De estas, doce son públicas y de gestión pública, otras veinte son públicas pero con gestión privada, y el resto, 86, son privadas y trabajan para la Generalitat. Según ha comprobado el actual equipo de Gobierno, la falta de mantenimiento en los centros públicos es alarmante.

Pero el problema principal es la deuda que se arrastra y que por ejemplo, en el caso de la empresa Diagrama, la más importante del sector en la Comunitat, supera los catorce millones de euros, por lo que los trabajadores de la misma están cobrando solamente el 30 por ciento de la nómina ya que la situación es límite para la mercantil. De hecho, el Consell ha autorizado esta semana el pago de 2.247.740 euros para tratar de aliviar esta situación, y pretende autorizar pagos todas las semanas hasta cubrir la deuda. Además, muchos de los contratos se hallan en enriquecimiento injusto, es decir, que son prorrogados automáticamente al no convocarse los pertinentes concursos para su renovación, lo que socava el buen funcionamiento de estas empresas y por ende, de la Administración.

A la fundación Antonio Moreno se le adeudan casi diez millones de euros, y se ha autorizado esta semana un pago de 899.436 euros, mientras que a la fundación Amigó se le deben 2,6 millones de euros.

Elena Albalat asegura que es intención del Consell es enjuagar toda la deuda antes de fin de año y hace hincapié en que "ésta es una situación heredada" y que las líneas presupuestarias que deberían pagar estos gastos las dejaron vacías. El gobierno valenciano está utilizando también la fórmula del reconocimiento de deuda, que permite a las empresas acogerse al crédito de las entidades bancarias. Pero este trámite resulta más lento para la Administración que el mismo pago de las facturas.

Además, a esta situación se le suma las decisiones que tomó el Botànic durante su mandato y que, por ejemplo, supone la equiparación salarial de los trabajadores de las residencias públicas con las condiciones mejores que disfrutan los empleados de las empresas privadas, algo que hoy por hoy, resulta inviable.

Otra de las decisiones que dejó el Botànic y que se perfila como de muy difícil cumplimiento en la situación actual es la reversión a públicas de las residencias socioeducativas Pi i Margall de Burjassot, y Jaume I, de Picassent, algo que probablemente, se tendrá que demorar en el tiempo.