Gobierna-te pide 6 años de cárcel para Oltra por el caso de abusos a una menor tutelada

La asociación Gobierna-te, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa abierta contra la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, pide para ella una pena de 6 años de prisión por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada y un supuesto delito de malversación.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el pasado mayo el procesamiento de Oltra y de parte de su equipo tras desestimar los recursos de apelación de varios de estos trabajadores (la exvicepresidenta ni recurrió ni se adhirió a los otros) contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de València de dictar auto de procedimiento abreviado "por imperativo legal" en cumplimiento de la orden de la misma Sección Cuarta de la Audiencia de que se reabriera la causa.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ordenó reabrir la causa al estimar parcialmente los recursos de la acusación particular -la víctima de los abusos- y las dos acusaciones populares -Vox y la asociación Gobierna-te- contra el archivo provisional dictado el 2 de abril del año pasado por el Juzgado.

Tras el auto de procesamiento, la asociación Gobierna-te, entidad de la exmiembro de Vox, Cristina Seguí, ha presentado su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE y en el que se pide para Oltra y su equipo una pena de prisión de 6 años por los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento.

Además, para una de las investigadas se solicita un año de cárcel al considerarla culpable de un presunto delito de abandono de menores.

En el escrito de acusación de la entidad se sostiene que la exconsellera, junto a las entonces directora general, la subdirectora, la directora territorial y los funcionarios, "consintieron y promovieron" la incoación de un expediente para investigar los abusos que se cometieron, presuntamente, a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, pero su finalidad real "era interferir en el normal desenvolvimiento del proceso judicial".

Pretendían, añade el escrito, "obstruir el proceso penal y desacreditar la credibilidad de la menor denunciante", todo ello "usando los medios y recursos de la Administración pública valenciana en una clara desviación de poder que instrumentalizó el aparato institucional para fines personales y políticos".

Asimismo, sostienen, esta actuación administrativa "derivó en una desviación de fondos públicos hacia finalidades privadas, toda vez que, por cada uno de los informes psicológicos emitidos, la Conselleria abonó al Instituto Espill la cantidad de 405 euros más el correspondiente IVA".

Explica el escrito de acusación además que cuando tuvo lugar la vista oral contra el acusado de los abusos, la menor, que tuvo que acudir en calidad de víctima, fue trasladada al juzgado "con grilletes" en las muñecas.

Esto hizo que se angustiara y tuviera que aclarar a los agentes que su verdadera condición procesal era la de víctima, y aunque pidió que se los quitaran se le fue denegado "perpetuando así una escena de humillación y desprotección incompatible con la dignidad que merece cualquier persona".

Para Gobierna-te estos hechos constituyen delitos de abandono de menores, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, malversación y encubrimiento, y de ellos considera autores a Oltra y a 10 exmiembros de su equipo, además de un delito de abandono de menores del que considera autor a otra procesada, para la que pide un año de prisión.

Para Oltra y sus excolaboradores, además de los 6 años de prisión, pide inhabilitación absoluta de 10 años, así como inhabilitación para cargo público de 15 años.