El Gobierno congela el Bono Joven de alquiler en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana tiene congeladas las ayudas que el Ministerio de Vivienda prometió aumentar para el Bono Joven. Así lo denunció ayer la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. «Pedro Sánchez gobierna para engordar la caja de Cataluña con los fondos de vivienda que pertenecen al resto de autonomías», denunció.

Es la lectura que hace la Generalitat valenciana del cambio de postura de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha pasado de decir que castigará a las comunidades que apliquen el tope de los alquileres a decir que premiarán a la que lo tengan en marcha.

«Esta manera de proceder entra dentro del chantaje al que se quiere someter a las comunidades con el único objetivo de que Cataluña pueda recibir fondos que se quitan a otras».

Camarero, que ha asistido este jueves a la conferencia sectorial convocada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, exigió al Gobierno que deje de ser «rehén de Cataluña» y que apoye las iniciativas de las autonomías que aplican medidas efectivas en materia de vivienda.

Sobre la convocatoria del Bono Joven- que supone una ayuda al alquiler de 250 euros mensuales durante dos años- advirtió de que se ha superado el plazo para que puedan llegar a sus destinatarios».

Para resolver esta cuestión, pidió al Gobierno que certifique las ayudas a principio de año para que puedan tramitarse a tiempo y también que cumplan con lo prometido, es decir, ampliar la partida de 200 millones.

Premiar el esfuerzo

«No nos han distribuido ni un euro más cuando se está pidiendo un esfuerzo superior a las comunidades para que contribuyan con fondos propios».

Apuntó además que la valenciana y la catalana son las únicas autonomías que aportan presupuesto a estas ayudas de alquiler para jóvenes. Concretamente, la Generalitat destina nueve millones de euros.

«Esto ha permitido aumentar el número de beneficiarios. Ahora el 92 por ciento de los que lo solicitan consiguen la ayuda».

Así mismo, trasladó a la ministra la necesidad de facilitar los trámites para su solicitud, puesto que el proceso es complejo tanto para los jóvenes como para la Administración que lo tiene que tramitar.

Camarero insistió en que las comunidades está poniendo medidas que realmente funcionan para bajar el precio de la vivienda y que todas se han realizado en el marco de sus competencias. Así, destacó el Plan Vive, que prevé poner en el mercado 10.000 viviendas en cuatro años, y no podemos permitir la intromisión del Ejecutivo.