Instalan una Falla contra las expropiaciones en la gigafactoría de Volkswagen

Un día antes del acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Volkswagen presidido por el rey Felipe VI, los expropiados de los terrenos de Parc Sagunt II se concentrarán mañana en protesta por la “expoliación” y el “maltrato” de las administraciones que rechazan el justiprecio marcado por el jurado provincial de expropiación y llevan el proceso a los tribunales para “pagar menos y más tarde”.

Respaldados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, decenas de afectados expresarán su malestar frente al Ayuntamiento de Puçol bajo el lema “Sí a Volkswagen, pero no a costa del bolsillo de los agricultores”. Posteriormente, quemarán una falla que consistirá en un ninot elaborado de cartón y madera, vestido con ropa de agricultor y acompañado por varios carteles reivindicativos.

AVA-ASAJA y LA UNIÓ solicitan a la Generalitat Valenciana y el Gobierno central que retiren las demandas interpuestas por la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y acepten pagar el justiprecio marcado por el jurado provincial de expropiación a los propietarios.

Precio injusto

El precio que se les ofreció inicialmente era de entre 10 y 15 euros por metro cuadrado, en función de la parcela, lo cual califican de miseria, sobre todo si se compara con los precios que se cobraron en su momento por las primeras expropiaciones en Parc Sagunt II (17,88 euros), y muchísimo más aún si se compara con las que se percibieron en las parcelas de Parc Sagunt I, cuando se llegó a los 40 euros por metro cuadrado. Hay que recordar que eran los años 2006-2007, antes de que explotara la burbuja inmobiliaria, y cuando el precio del suelo era mucho más elevado por las expectativas urbanísticas.

Los agricultores recurrieron el asunto al Jurado Provisional de Expropiación (JPE) que les dio la razón y elevó el precio justo a percibir hasta en un 60 por ciento en algunos casos. Pero la Generalitat, a través de la empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE) recurrió la decisión del JPE al considerar que tanto la valoración del suelo como el pago del justiprecio correspondiente en el proceso de expropiación se ha hecho respetando la legalidad vigente y los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.