Intervención de la Generalitat halla irregularidades en contratos y subvenciones aprobados por el Botànic en 2022

El pleno del Consell ha tenido conocimiento este miércoles del informe elevado por la Intervención General de la Generalitat correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2023 referido al ejercicio de 2022 que detecta incumplimientos de la normativa en retribuciones de personal, contrataciones y control de subvenciones.

Se concluye que de 42 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial, únicamente 17 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos. Esto conlleva, según la Generalitat, que sobre el 84 % de los importes satisfechos como retribuciones en estas entidades no exista masa salarial autorizada.

Respecto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, reguladas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, se ha constatado que durante el ejercicio 2022 las entidades del sector público instrumental de la Generalitat han realizado 8.092 altas de personal laboral temporal, mientras que las autorizaciones realizadas por la Dirección General de Presupuestos han sido 3.046.

Existen, por tanto, en el ejercicio 2022, más de 5.000 contrataciones de personal laboral temporal que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos, remarcan desde el actual Consell.

En cuanto a contratación, han sido auditadas 53 entidades. De ellas, cinco han recibido una valoración positiva, 40 entidades han merecido calificación de favorable con salvedades u observaciones, ocho fueron desfavorables y una entidad ha recibido una valoración denegada.

Sobre las incidencias más significativas en este ámbito, se ha detectado la recepción de bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación por importe de 117,2 millones de euros (que representa un 17,22 % de la totalidad de los contratos adjudicados en el sector público instrumental).

En dieciocho entidades se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores, incumpliendo los límites que dispone la Ley de Contratos.

Además, en once entidades del SPI "no se han adoptado medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación".

El informe recomienda que se adopten sistemas de integridad que incorporen medidas de prevención y detección eficaces para la lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés obligando, entre otras medidas, a firmar declaraciones de ausencia de conflictos de interés por todos los participantes en el proceso de contratación y en todas sus fases, desde la preparación a la ejecución y liquidación de los contratos, entre otros aspectos.

Según la Generalitat, en el área de subvenciones se estima que, con carácter general para todas las entidades, se debería agilizar el registro de los pagos de subvenciones en las aplicaciones correspondientes, ya que se excede el plazo reglamentario del mes siguiente al de la producción del pago material al beneficiario.

En el área de tesorería, un total de 16 entidades no utilizan el punto general de entrada de facturas electrónicas FACE como canal de presentación de facturas. La implantación de un sistema de facturación electrónica permitiría que las facturas emitidas por los proveedores aseguren la identificación del emisor y la cuenta bancaria designada por este.

En cuanto al registro de las facturas presentadas por los proveedores, se advierten aspectos a mejorar en 10 entidades en relación con su sistema de registro de facturas. En este sentido, por ejemplo, se ha verificado el uso de registros manuales u hojas de cálculo, registros no informatizados y no interconectados con registros de proveedores u órdenes de pago; así como la coexistencia, en una misma entidad, de registro informatizado y manual según el canal de entrada de la factura.

Auditoría forense del sector público

Por todo ello, el pleno del Consell ha aprobado la programación de los controles financieros específicos que se realizarán durante 2024 respecto al ejercicio de 2023, entre los que figura la realización de una auditoría forense del sector público de la Generalitat.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, la Ley 1/2015 de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones establece que, por acuerdo del Consell, podrán disponerse controles específicos de carácter financiero sobre áreas concretas de las actividades de los órganos de la Administración de la Generalitat y de su sector público.

El trabajo que se realizará con la auditoría ‘forensic’ consistirá en revisiones forenses e investigaciones de fraude, pruebas periciales, arbitrajes y mediaciones, elaboración de informes periciales, así como otros informes complementarios, ampliatorios y/o aclaratorios de los anteriores; y sus presentaciones, en su caso, ante la Intervención General, o ratificaciones en sede judicial y/o tribunales de arbitraje.

Se pretende con ello dotarse de las medidas adecuadas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; permitiendo ejercitar las acciones legales procedentes para recuperar los fondos que hayan podido ser objeto de apropiación indebida, en su caso.

El análisis de la auditoría forense se referirá al ejercicio 2023, teniendo en cuenta los hechos anteriores y posteriores que resulten relevantes a efectos del control, según la reseña del pleno del Consell.