El juez abre juicio a Francis Puig, el hermano del expresidente Ximo Puig, por la trama de las ayudas al valenciano

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra los dos empresarios encausados por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y la de Cataluña para el fomento del valenciano en los medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

Uno de estos dos hombres de negocios que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados es Francis Puig, el hermano del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El hermano del exmandatario socialista valenciano será juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia, junto al otro hombre encausado, por un delito continuado de falsedad documental, en concurso con otro de estafa agravada. Estos hechos presuntamente delictivos ocurrieron cuando su hermano era presidente del Consell.

En el caso del hermano de Ximo Puig, se le atribuye haber defraudado, como administrador de Masmut Producciones SL, la cantidad de 58.866,69 euros a la Generalitat valenciana y otros 51.825,88 euros a la catalana. El total del montante supera los 110.000 euros.

El magistrado Jorge Martínez Ribera le solicita ya a Puig una fianza de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros para Juan Enrique Adell.

De esas cantidades, tal y como recoge la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

El juez descarta acusarles de un tercer delito de fraude de subvenciones, en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos -antes de la reforma realizada- como norma más beneficiosa para los reos, que establecía que para este ilícito la defraudación debía ser superior a los 120.000 euros.

El auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo que relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.

Por otro lado, el juez Martínez descarta que pueda existir, además, un delito de apropiación indebida, teniendo en cuenta el tipo de mecánica con la que operaron. Que consistía en la obtención de subvenciones, utilizando documentos falsos o llevando a cabo actuaciones que no estaban relacionadas con los servicios por los que las dos administraciones autonómicas les dieron los fondos públicos.

A lo largo de toda la instrucción de la causa el PP ha venido ejerciendo la acusación popular, bajo la dirección letrada de Víctor Soriano.