Mazón anuncia una auditoría minuciosa del sector público valenciano y el cierre de seis empresas duplicadas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comparecido esta mañana "para contarles la verdad" y ha dicho que la situación de la Administración Valenciana es crítica: "la deuda pública está en máximos históricos de 60.000 millones de euros".

Pese al ahorro de más de 20 millones de euros por la reducción de la Administración, "la situación del resto de empresas y organismos públicos es crítica: personal no autorizado, transferencias bancarias sin titular. Todos los informes de la Sindicatura de Cuentas y de la intervención ponen de manifiesto el malgasto y descontrol y que el sector público se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad", y que Mazón ha anunciado que va a investigar.

El presidente ha relatado "procedimientos de contratación irregulares, falta de rigor en el manejo de controles púbicos, retribuciones a directivos colocados a dedo al margen de la ley, duplicidades pagos a terceras personas sin control".

Respecto a la contratación, los informes indican que solo cuatro de las 54 entidades del sector público instrumental han recibido valoración positiva de los auditores y de la Intervención. El 94 por ciento no contrata según marca la ley, ha dicho.

Además, el conjunto del sector público adjudicó 254.122 contratos a dedo por 713 millones de euros. En cuanto a contratos menores, se han adjudicado 159 millones a dedo, mientras que los gastos sin expediente de contratación ascienden a 554 millones a dedo.

"Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre de la contratación de la que se sirvió la administración valenciana para saltarse las recomendaciones de contratación de la Sindicatura de Cuentas, o de la Airef, organismo oficiales, no políticos", ha dicho Mazón, quien ha explicitado que "sólo en 2021 se han producido más de 4.000 contrataciones de personal no autorizadas por la dirección general de Presupuestos".

Y ha puesto el ejemplo de que "la Empresa de Gestión de Emergencias trató de colar 1.800 empleos públicos poco antes del 28 de mayo. Quedó en grado de tentativa".

Según el jefe del Consell, "el coste en nóminas era de de 400 millones en 2015, mientras que el último año de gestión integral del Botànic ascendió a 600 millones".

Respecto a los informes de Tesorería: en 22 de las 48 entidades sujetas a verificación se detecta riesgo alto en el área de controles de pagos, produciéndose pagos no autorizados por la persona responsable o transferencias hechas a cuentas bancarias no suficientemente identificadas.

Hay seis entidades creadas cuyas funciones ya las tienen asignadas algunas direcciones generales de la Generalitat "lo que da pie a nuevos directivos colocados a dedo".

Estas entidades son la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la digitalización y la ciberseguridad, la Agencia Valenciana de Información y control alimentario, la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, la Agencia Valenciano de cambio climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública. Todas estas entidades serán suprimidas mediante un proyecto de ley que el Consell presentará a Les Corts Valencianes.

Tomar medidas

El presidente ha hecho hincapié en que "toca tomar medidas: se activa desde ya una auditoria general de todo el sector público valenciano".

Esta auditoria general tendrá dos pilares: una auditoria forensic para saber adónde ha ido cada euros y que determinará cuáles son las entidades en mayor riesgo. Se utilizan para comprobar gastos desproporcionados. A raíz de esta auditoría se exigirán las responsabilidades administrativas y penales que hubiera podido haber.

El segundo pilar es una auditoria conjunta del sector público que ponga de manifiesto duplicidades e ineficiencias. Habrá dos informes intermedios y un informe final.

Ha enfatizado que "se abre una nueva etapa en el sector público valenciano, que está justificado si sirve al interés de todos, es eficaz y eficiente. La época de crear empresas públicas para enchufar gente para pagar favores se ha acabado".

Ha explicado que la auditoria forensic revisa uno a uno cada uno de los pagos "y la queremos para detectar bien las irregularidades de tipo penal o de tipo civil o de tipo mercantil. No jugamos a la preconstitución de pruebas", ha dicho el presidente.

Además, no descarta cerrar más empresas públicas "o reformarlas o reorganizarlas".

Respecto al personal de las entidades que se supriman ha dicho que "es muy reducido y se incorporarán a la administración aquel que no sea político".

Sí que ha admitido que estas entidades "no suponen gastos porque se crearon y ni siquiera fueron capaces de desarrollarlas. Suprimiéndolas cortamos la puerta a la duplicidad y al enchufismo, a los contratos a dedo".

Ha descartado que pueda haber muchos profesores o sanitarios entre el personal contratado irregularmente: "el sector público empresarial no está vinculado a esos dos sectores que tienen sus propios procesos", pero ha puesto como ejemplo que la Sgise (bomberos forestales), capitaneada por Gabriela Bravo, pasó de 500 trabajadores a mil.

Mazón ha concluido que "la radiografía no está hecha, pero tenemos un conjunto de alarmas tan potentes como para hacer una gran radiografía al sector público".

Por su parte, el síndico del PSPV, José Muñoz, ha considerado que "Mazón no ha contado la verdad, ha mentido descaradamente". Y ha considerado que "tan mala no habrá sido la gestión anterior cuando Mazón ha mantenido en su cargo a la persona responsable del sector público con le Consell del Botànic".

Para Muñoz, estas declaraciones pretenden "crear una cortina de humo ante las inminentes sentencias a dirigentes del PP" y ha explicdo que "el 90 por ciento del aumento de la inversión del sector público con el Consell de Ximo Puig ha ido a Sanidad, a Servicios Sociales, a vivienda, transporte, ayuda a nuestras empresas o emergencias" y ha concluido que la Sindicatura de Cuentas "ha avalado la gestión del Consell del Botànic todos estos años".

Las claves del informe

El informe general del artículo 96.2 de la ley 1/2015 de 6 de febrero de la Intervención de la Generalitat del Plan de Auditorías 2022 correspondiente al ejercicio de 2021 recoge los aspectos más significativos de las auditorías de cumplimiento y operativas.

Este informe ha sido facilitado por la Generalitat con motivo de la comparecencia del presidente Mazón

Así, en el área de personal, se detecta que de 39 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial, solo 11 disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos. Las universidades públicas no han recibido del Consell autorización del coste de los conceptos retributivos del personal de administración y servicios (PAS) y del personal docente investigador (PDI) dependiente de ellas, por lo que no se ha podido verificar si la dotación presupuestaria se ha adecuado al coste establecido por el Consell ni identificar partidas desviadas en su caso.

En nueve entidades no se aplica el Decreto 24/1997 que regula las indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones extraordinarias por asistencias y servicios específicos que corresponde percibir al personal de la Generalitat. En cuanto a las autorizaciones para la contratación de personal laboral temporal, existen más de 4.000 contrataciones que no han contado con la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos.

Además, no existen herramientas informáticas adecuadas que permitan mantener un registro de personal unificado en todas las entidades.

En el área de contratación, con 51 entidades auditadas, un 27,5 por ciento de los informes presenta una valoración negativa y se registran 219 observaciones que afectan a la elección del procedimiento de contratación y a la fase previa del expediente, por no cumplir ciertas obligaciones legales de publicidad o por omisión de algún trámite o por no aportar algún documento esencial al expediente.

En gastos por prestaciones contractuales sin tramitar los procedimientos para su adquisición o prescindiendo de los trámites o requisitos esenciales, su volumen asciende al 25,21 por ciento de todo el gasto de naturaleza contractual realizado en 2021. La mayoría de estos gastos son en el Hospital General de València y el Hospital Provincial de Castellón, principalmente.

Hay 65 incidencias detectadas en la fase previa de la contratación administrativa, el 38 por ciento del total, 13 relacionadas con la adjudicación de los contratos, 5 en la fase de formalización, 44 en la de ejecución y 22 por infracciones en publicidad y transparencia.

En conclusión, casi un 54 por ciento de las incidencias son por la inadecuada elección del procedimiento de contratación o por defectos en la preparación del expediente.

En el área de subvenciones, se detectan irregularidades en el caso del IVAJ y el IVC en los procedimientos de gestión y control de subvenciones.

De forma general el informe habla de incidencias en la transparencia y publicidad de las ayudas concedidas, y debilidad en el procedimiento de detección de doble financiación del gasto subvencionable o del control de posibles incompatibilidades con otras ayudas.

En el área de encargos a medios propios, encomiendas y convenios, en la EPSAR, SGISE y Aerocas se han detectado incidencias en la utilización de los encargos a medios propios, que no puede tener como finalidad cubrir carencias estructurales en las plantillas.

En la EPSAR y el Consorcio del Consell de l'Horta, se ve la ausencia de medios personales previos cualificados o idóneos para el desempeño de actividades encargadas, y en Fisabio y Vaersa los encargos ejecutados al poder adjudicador representan menos del 80 % de su actividad global.

En el área de tesorería, de 48 entidades analizadas, en 15 no se ven riesgos significativos y solo en 4 el nivel de riesgo es bajo, mientras que de las 29 entidades sujetas a auditoría operativa, en 22 el nivel de riesgo por controles de pagos deficientes o inexistentes es alto y en 11 es alto en cargos tramitados sin ajustarse al procedimiento legal establecido.

Las principales incidencias se relacionan con la ausencia de procedimientos formalmente aprobados de verificación de los datos de los terceros y sus cuentas bancarias, y la ausencia de identificación electrónica segura del tercero y de la cuenta bancaria destinataria del pago