La oposición se arma contra la reforma legislativa de PP y Vox en la Comunidad Valenciana

Las cinco proposiciones de ley registradas el jueves por la tarde por PP y Vox- de la libertad educativa, de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, de la Concordia, de Transparencia y Compatibilidad y de la Agencia Antifraude- supondrán cambios sustanciales en todas estas materia. Se trata de un paquete legislativo de calado con el que además se revierten algunos de los principales temas centrales heredados del Botànic.

La proposición de ley denominada de libertad educativa devuelve el modelo al sistema de líneas (valenciano o castellano) existentes hasta la llegada de Vicent Marzà a la Conselleria de Educación aunque con proporciones diferentes debido, argumentan, a la jurisprudencia existente.

[[H3:«Suponen una involución»]]

También se promueven cambios sustanciales en Á Punt, entre los que destaca la suspensión de las pruebas selectivas convocadas y que han encontrado el rechazo de asociaciones como la Unió de Periodistes. «Dejar que el principal órgano de control de la radiotelevisión pública, en caso de que la ley prospere, sea elegido por políticos y sin la necesidad de mayorías reforzadas es un peligro para garantizar unos medios públicos no partidistas ni afines al gobierno de turno».

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, anunció ayer que está estudiando qué medidas puede adoptar, tanto en el ámbito parlamentario como en el de la Justicia, para «luchar contra el auténtico asalto a la democracia, a los derechos, a la información y al valenciano» que a su juicio suponen las cinco proposiciones de ley registradas.

El portavoz de la formación nacionalista las ha rebautizado como la ley para volver a controlar la radiotelevisión, la ley de declarar la guerra al valenciano y los valencianohablantes, la ley de la opacidad y la de los conflictos de intereses, la ley de la discordia y la ley de favorecer la corrupción, de volver a los viejos tiempos».

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, acusó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de haber construido «una autopista hacia la corrupción, eliminando los controles políticos y la transparencia pública».

«Estaremos vigilantes y si se hace una utilización indebida de la legislación les llevaremos a los tribunales», afirmó Muñoz, quien resaltó que el jueves «fue un día negro» para la Comunitat Valenciana, donde «se quiere echar por tierra y eliminar de un plumazo todo lo que se ha avanzado».

Por su parte, el síndic del PP en les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, respondió asegurando que están abiertos a introducir mejoras en las cinco proposiciones de ley que ha registrado con Vox, por lo que recomendó a la oposición que las estudien y dediquen horas al trabajo parlamentario. Además, se mostró convencido de que las normas cumplen la legalidad. «Que lleven las leyes donde quieran, será un viaje de ida y vuelta».