Presentan una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para cambiar la Ley de Aguas y garantizar a futuro las obras antidana

Casi ocho meses después de la tragedia, los valencianos se siguen preguntando por qué si vuelve a ocurrir una dana seguiría ocurriendo lo mismo. Por eso, un grupo de valencianos se han unido para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la intención de modificar tres aspectos clave de la Ley de Agua: poner a las personas primero, garantizar la dotación presupuestaria de los planes de obra pública que nunca se hicieron y agravaron las consecuencias de la riada y, por último, asegurar que aquellos que tomen decisiones tengan el nivel técnico necesario, "que prevalezcan las decisiones técnicas sobre las políticas", según ha dicho José Luis Belmonte, promotor de la ILP.

Con el respaldo del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana, abogados, procuradores así como de las cuatro principales asociaciones de víctimas de la dana -Associació Víctimes de la Dana del 29 d'octubre, Associació de Víctimes de la Dana 29-O, Asociación Damnificados DANA Horta Sud València y Agrupación Ciudadana afectados por la DANA Tots a una veu-. Sin partidos políticos, con el único apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Unión Municipalista, buscan obviar la ideología para ponerse a trabajar. En representación ha acudido Javier Machí, Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana, así como David García, vicepresidente de FVMP.

"Hay planes y más planes hidrológicos que nunca se ejecutan", ha reclamado Belmonte, que ha recordado que "que las que las infraestructuras que estaban previstas que hubieran que hubieran mitigado los daños enormemente". " Tenemos un gravísimo problema con la gestión del agua y antes o después volveremos a lamentar otra tragedia", especificando que si nace esta ILP es debido a la inacción política. "Después la la Dana me hizo reflexionar que que algo hay que hacer por parte de la sociedad civil, porque vemos que las administraciones en lo único que se ponen de acuerdo sentidos en los trastos a la cabeza", ha lamentado.

Belmonte ha detallado los tres "simples cambios" en la legislación para asegurar que se invierta en infraestructuras hidráulicas y se haga caso a los técnicos. La primera incluye recoger la protección a las personas, pues ahora la Ley de Aguas solo recoge la protección del medio ambiente y la naturaleza. Más allá, piden asegurar una dotación presupuestaria modificando el artículo 14 para incluir "la inversión suficiente para prevenir y mitigar los riesgos naturales, por inundaciones o sequía." Por último, quieren dejar por escrito que quienes tomen las decisiones serán técnicos, de manera que evitar que cargos políticos tomen decisiones sin tener conocimiento profesional. "Que se reconozca el principio de profesionalidad y capacidad técnica en los cargos de responsabilidad", esgrimen.

En total tienen hasta el próximo 25 de febrero de 2026 para recoger 500.000 firmas, que se pueden hacer en la web https://www.ilpleydeaguas.com/. En caso de prosperar, debe ser admitida a trámite por el Congreso de los Diputados y, en un plazo máximo de seis meses desde la entrega de las firmas, la propuesta será debatida por los diputados.

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