El PSPV y Compromís apoyan el crédito extraordinario del Consell tras la negativa al extra FLA

El inicio del curso político ha comenzado con un "entente" tras meses de ruido político en materia de financiación autonómica. Todos los grupos parlamentarios han apoyado el decreto que concede un crédito extraordinario de 1.730 millones de euros para cubrir el exceso de déficit del año 2024 por parte de la Generalitat.

El PSPV-PSOE y Compromís han apoyado una medida que el Gobierno central autorizó y que es esencial para poder pagar a proveedores tras no haber concedido el Ministerio de Hacienda, como venía haciendo desde hace doce años, el Fondo de Nivelación Autonómico Extraordinario (extra FLA).

Desde el Consell llevan desde diciembre solicitando el extra FLA, cuando lo solía aprobar Hacienda en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, pero tras la negativa y tras tener que aplazar el pago durante un mes a las farmacias ante la negativa a dar esa financiación, el gobierno presidido por Carlos Mazón se vio obligado a solicitar un préstamo con entidades bancarias para no incurrir en impagos a proveedores y verse abocados a unos recortes inéditos desde la época de la crisis financiera bajo el gobierno del también popular Alberto Fabra.

El apoyo fue anunciado por el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, quien el pasado 8 de julio cuando se anunció la solicitud del préstamo criticó el "descontrol financiero que existe en las cuentas públicas de los valencianos y valencianas" y acusó a Mazón de "esquilmar la caja de la Generalitat de forma totalmente irresponsable con sus regalos fiscales a los más ricos". No solo eso, sino que llegó a decir que "Mazón ha demostrado que es incapaz de gestionar y ha llevado al borde de la quiebra económica a la Generalitat". Menos de dos meses después, han apoyado el endeudamiento.

Según el Consell, este decreto es necesario para contabilizar y abonar "las facturas que estaban paradas" y se financiará mediante operaciones de endeudamiento, con las condiciones autorizadas por el Consejo de Ministros.

El crédito se cerró con el tipo de interés del Tesoro más 0,25%. El préstamo se ha repartido entre CaixaBank, principal financiador con 1.616 millones, y Sabadell y Kutxabank, con 100 millones adicionales cada entidad bancaria.

La solicitud inicial que hicieron el 7 de julio fue de 1.816 millones de euros y aseguraron que en diciembre solicitarán otros 674 millones previstos en diciembre que suman 2.490 millones de euros, exactamente el montante que el Gobierno niega con el FLA extraordinario por primera vez en doce años. Cada año el 75% del FLA llega en julio y el 25% restante en diciembre, por lo que con esos dos préstamos se cubriría el total, aumentando eso sí la deuda de la Comunitat Valenciana por primera vez por encima de los 60.000 millones de euros.

Otros dos decretos firmados

Les Corts Valencianes han convalidado este lunes en el primer día del nuevo curso político otros dos decretos leyes del Consell sobre la conexión de L'Albufera con el mar y un nuevo modelo de productividad en Sanidad.

El decreto sanitario por un lado contempla la posibilidad de acuerdos complementarios de gestión retributiva, es decir, incentivos basados en resultados, calidad y eficiencia para todas las categorías de profesionales sanitarios. Además, incluye la autorización de la construcción de nuevos centros sanitarios en Burriana, Santa Pola, Torrent-El Vedat, Mislata y Orihuela Costa, con un presupuesto de 30 millones de euros hasta 2028.

Asimismo, la cámara ha aprobado el decreto ley que permite la conexión continua de L'Albufera con el mar tras haber empeorado la calidad del agua por la dana del 29 de octubre y el aumento de la temperatura a más de 30 grados, así como que los ayuntamientos puedan hacer obras menores de urbanización en dominio público portuario.

Mediante esta norma, se suspende temporalmente el régimen de apertura restringida de compuertas del'Albufera, además de permitir a ayuntamientos realizar viales, carriles bici, luminarias o mobiliario urbano, cuando no supongan una ocupación excluyente para otros usuarios del puerto. Se busca con ello regularizar cerca de 250 concesiones administrativas y hasta 150 autorizaciones de ocupación temporal del dominio público portuario, para aportar seguridad jurídica y promover la inversión privada en esas infraestructuras.

Ambos decretos han sido apoyados por PP y Vox con los votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís.