Una quita de la deuda sin un futuro claro y sin poder usarla en mayor gasto social

La aprobación del anteproyecto de ley para condonar hasta 83.252 millones de deuda autonómica ya es oficial tras aprobarlo el Gobierno. Una quita que será de 11.210 millones de euros de deuda de la Comunitat Valenciana y que enfrenta al Ejecutivo central con la Generalitat.

Primero, por las cifras; segundo, por la discrepancia en el fondo y forma, al no estar negociada, y tercero, por lo que desde el Consell aseguran que son mentiras del Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que ese dinero podrá dedicarse a gasto social. Tanto es así que aseguran que dudan que nunca se realice.

El montante es la principal crítica. Ayer, la ministra de Hacienda María Jesús Montero defendió que la Comunitat Valenciana es la que presenta una mayor condonación por habitante ajustado, con 2.284 euros por valenciano, una cifra que sin embargo el Consell dice que es solo el 19,3% de toda la deuda y el 24,3% de la deuda atribuible a la infrafinanciación.

"Ninguna comunidad de régimen común recibe menos en proporción a su endeudamiento", lamentaba ayer la consellera de Hacienda, Ruth Merino. A pesar de ser la tercera con más deuda en términos absolutos, pero por debajo de la media del 24,6% y muy por debajo de otras como Canarias (51%), Andalucía (46,4%), Asturias (37,3%), Galicia (33,0%), Extremadura (30,7%) y Castilla-La Mancha (30,4%).

Una visión del Consell que ayer compartió Salvador Navarro, presidente de la patronal de empresarios valencianos CEV, quien dijo que la quita es "insuficiente, injusta y alejada de la realidad que sufre esta comunidad" y dijo que "se intenta vender como técnicos lo que en realidad son más criterios políticos" lo que "no solo no resuelve desigualdades, sino que perpetúa un modelo injusto con este territorio".

El gasto social

Ayer, una de la de las grandes divergencias es en cómo beneficiará esa quita a los ciudadanos. Según Montero, "estos recursos lo podrán utilizar para gasto social: educación, sanidad o para cualquier competencia autonómica", algo que siguió la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien se congratuló de que "es un gran día para los valencianos porque va a mejorar su vida y permitir que la Generalitat invierta más en servicios públicos".

Pero desde la Generalitat aseguran todo lo contrario. Afirman que con la medida supone efectivamente un ahorro para las arcas autonómicas, pero no le permite gastar más ya que ese dinero que se iban a gastar en intereses está fuera de la regla de gasto.

Así lo refleja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un documento en febrero, quien tras estudiar la propuesta recalca: "La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las comunidades autónomas y un incremento en la Administración central. No obstante, los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas", dice.

"La condonación de deuda es inaceptable por el fondo y por la forma y no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados", recalcó ayer la consellera Merino. "Además, como españoles, los valencianos tendrán que asumir su parte proporcional de la deuda condonada a otras comunidades", dijo.

Por último, desde la Conselleria de Hacienda recelaban ayer de no saber qué forma tendrá esa ley ordinaria, que en un principio no debería obligar a las comunidades autónomas a aceptar la deuda, pero de todos modos no confían que pase el trámite parlamentario en el Congreso ni en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.