Tarjeta amarilla de la Junta Electoral para el Gobierno valenciano en las elecciones europeas

Es el árbitro de una campaña. La Junta Electoral es el organismo competente para vigilar las "trampas" que los partidos hacen en campaña electoral. Principalmente vigila que no se utilicen recursos públicos con fines de partido incumpliendo así la ley electoral general.

En las últimas horas se han conocido varias resoluciones. Así, ha acordado incoar expediente sancionadorpor dos actos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, celebrados en Torrevieja (Alicante) al entender que no se limitó a la difusión normal del funcionamiento de un servicio público sino que "de manera directa y expresa reivindicó un logro político", algo prohibido en campaña electoral. Ambos actos han sido denunciados por el PSPV y pueden ser recurridos.

Además, aprecia "indicios de infracción del principio de neutralidad institucional innato" en la declaración institucional sobre L'Albufera leída por la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, en la rueda de prensa del Consell celebrada este miércoles, y pide su modificación, cuestión que ha sido denunciada por Compromís.

La formación nacionalista también ha hecho pública hoy una resolución en la que la Junta Electoral solicita que se retire, tal y como se había ordenado con anterioridad el lema de la campaña, "Libertad educativa".

Posible sanción

En el caso de las denuncias presentadas por el PSPV, la Junta Electoral ha respondido con un expediente sancionador. Según el PSPV, tanto en las declaraciones hechas por el presidente en esos actos, como en la nota de prensa elaborada por la Generalitat, se aprecia "un claro sesgo de propaganda política", pues "no se limita a exponer el fondo de la noticia con estricto rigor informativo", sino que son, a su juicio, "electoralistas".

En dos resoluciones se señala que la difusión del mensaje "no parece justificado de forma objetiva" y "parece responder a un solo propósito electoral", y añade que constatan "una especial intensidad en la expresión del mensaje y, por su carácter local, su capacidad para influir en el comportamiento político de los electores".

La Junta valora "positivamente" la actitud de la Administración para la corrección o retirada de esas comunicaciones, pero advierte de que su difusión es posterior a los últimos acuerdos disponibles de este organismo, en los que señala que "la antijuricidad de esta clase de conductas se ve incrementada por su reiteración".

"Observamos que son distintas áreas del ejecutivo autonómico las que reiteran esta clase de comportamiento durante la campaña electoral", indica en ambas resoluciones, y acuerda "la incoación de expediente sancionador".

Desde la Generalitat han avanzado a EFE que recurrirán ambas resoluciones, que no son firmes, y han añadido que en todo caso, lo que se ha acordado es incoar un expediente en el que se tiene que nombrar instructor para dar traslado a las partes.

Por otra parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que han presentado una nueva denuncia ante la Junta Electoral, para denunciar el uso que la Generalitat está haciendo de las instituciones. En concreto, se refiere a las declaraciones contra de la vicepresidenta del Gobierno y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera.

En declaraciones a los periodistas, Morant ha destacado que la semana pasada se utilizó el pleno de Les Corts para reprobar a Ribera, y esta semana se ha anunciado un requerimiento judicial por los aportes de agua de L' Albufera.