El PP cuestiona la Ley del Juego “en un momento en que la hostelería está muy mal”

Recuerda que el 60 por ciento de los bares tiene tragaperras

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ha dudado de que sea ahora el momento de aprobar la Ley del Juego, al menos en lo que se refiere a las máquinas tragaperras de los bares: “hay 34.000 bares que tiene tragaperras, un 60 por ciento, y de ellos, el 20 por ciento viven gracias a las tragaperras". La ley se debatirá el próximo lunes en Les Corts y, previsiblemente, no contará con el apoyo del PP.

Bonig dijo que la Ley del Juego estaba tensionando el Consell del Botànic y recordó que la Generalitat recaudaba 78 millones de euros por las maquinas de los bares, y 350 millones por todo el juego en la Comunitat.

“En unos momentos en que la hostelería los está pasando mal, es un suicidio” prohibir las máquina tipo B.

Bonig ha dicho también que no se oponían a otros aspectos de esta ley como el tratamiento de las ludopatías, si bien ha señalado que creía que las medidas al respecto no eran tantas.

La popular también ha dicho que la medida de activar la máquina tragaperras mediante un mando a distancia como actualmente se hace con el tabaco, “supondría tener una persona encargada de eso”.

Entre las últimas enmiendas que se pactaron de las Ley del Juego, se estableció que los 850 metros que se deben guardar entre los locales donde se pueda jugar y los colegios, no afectaban a bingos, casino ni locales de hostelería.

El Botànic asegura que hay que aprobarla

Por su parte, los grupos del Botànic han defendido este jueves la necesidad de la ley del Juego y de aprobarla ya, en el pleno del próximo lunes, después de que tanto el PP como Ciudadanos hayan afirmado que no es el momento por las repercusiones que tendrá para la hostelería en la actual crisis.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha afirmado que "el juego es un peligro", por lo que la sociedad valenciana "necesita la ley del Juego", y ha criticado que "la derecha caiga fácilmente en las presiones de los lobbies".

Mata ha destacado que Ciudadanos "estaba muy comprometido con la aprobación de la ley, pero ahora quieren echar atrás un trabajo que ha sido muy importante para luchar contra la ludopatía y para ayudar a las familias que sufren sus consecuencias".

En su opinión, el juego "no se puede convertir en un elemento estructural", y ha resaltado que la ley no supondrá "ningún cierre, sino no permitir que haya más cuando se acaben las concesiones".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha destacado que esta ley "era urgente hace seis meses, hace un año y hace cuatro años, y por tanto es urgente que se apruebe ya el lunes, para que entre en vigor y acabemos con una de las situaciones más preocupantes de todos los valencianos".

Ferri ha manifestado que la adicción al juego es "la nueva heroína", que genera problemas de salud en miles de valencianos, y ha opinado que no pueden "dejar la salud pública en manos de la economía: la salud primero, y luego la economía".

La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha afirmado que es una ley "completamente necesaria", pues en los últimos años las tasas de ludopatía "han crecido mucho y se ha convertido en una lacra", sobre todo entre la gente más joven, por lo que su tramitación sigue adelante.

La CEV discrepa

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha pedido sin embargo la paralización de la ley, de forma que se tenga en cuenta la crisis económica provocada por la covid-19 y que “no se pongan en peligro más puestos de trabajo”.

"No tiene sentido legislar tomando como base un escenario completamente distinto al que había cuando se tramitó la ley", ha afirmado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, quien ha recordado que en su momento ya se opuso al cambio normativo, al considerar que no estaba justificada una legislación "tan restrictiva".

A juicio de la patronal, la nueva norma "puede dañar gravemente" la industria del juego, que en la Comunitat Valenciana mantiene más de 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos en hostelería, y que contribuye a las arcas públicas con 144 millones de tributación directa y otros 130 millones en impuestos indirectos, que la Administración "dejaría de recaudar".