Correa niega haber negociado con la Fiscalía

El nuevo abogado del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, no ha planteado ninguna cuestión previa en el macrojuicio contra esta red corrupta. Asegura que no hay ningún pacto con la Fiscalía y que se trata de un gesto de buena voluntad.

El nuevo abogado del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, no ha planteado ninguna cuestión previa en el macrojuicio contra esta red corrupta tras haber colaborado hace unos días con la Justicia al abonar 2,2 millones de euros de la fianza civil que pide contra él la Fiscalía. No obstante ha asegurado que se trata de un simple gesto de buena voluntad y ha negado que esté negociando un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

La fase de cuestiones previas del juicio ha comenzado sobre las 13.00 horas, dedicada a que las diferentes partes hagan reclamaciones relacionadas con temas procedimentales o incluyan nuevas pruebas.

Si bien el abogado del supuesto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ha pedido la nulidad de las grabaciones que hizo a Correa el delator de la Gürtel, José Luis Peñas, y que destaparon este caso, el nuevo letrado de Correa, Juan Carlos Navarro, no lo ha hecho.

Ha decidido, al contrario, no plantear ningún tipo de cuestión previa -tampoco la nulidad las escuchas a abogados con acusados en prisión que ordenó el exjuez Baltasar Garzón y que otras defensas sí han pedido- días después de haber abonado la fianza civil, lo que supone un giro en su estrategia de defensa.

Correa, que se enfrenta a una petición fiscal de 125 años de cárcel, presentó el pasado 26 de septiembre un escrito en el que autorizaba a su banco en Suiza, Credit Suisse, a abonar el dinero que le pide la Fiscalía en concepto de responsabilidad civil por las comisiones y las adjudicaciones públicas irregulares que recibió entre los años 1999 y 2005 como líder de la trama.

Son en total 2.252.758 euros, destinado a resarcir a las entidades públicas afectadas por su actividad: el Ayuntamiento de Estepona, el Ayuntamiento de Majadahonda, el Patronato Monte del Pilar, Hacienda, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el consistorio de Pozuelo de Alarcón.

Efe