La RAE frente a la «doctrina Calvo» del lenguaje inclusivo

La Real Academia Española comenzó ayer a debatir el informe sobre el lenguaje inclusivo. Un documento que surge de la petición expresa de la vicepresidenta de Gobierno Carmen Calvo, quien, en una declaración, que coincidía con el cuarenta aniversario de la Carta Magna, vino a sugerir que la Constitución estaba redactada en masculino. Algunas voces vinieron a matizar ese comentario y a insinuar que, realmente, en lo que está escrita es en español. Este tema, más polémico que difícil, dio pie a un estudio de entre veinte y veinticinco folios que ha empezado a estudiarse en el pleno de la RAE, donde, junto al presupuesto del próximo año, se discutirá y, finalmente, se aprobarán o no enmiendas oportunas. Todo indica que seguirá la estela del que ya realizó, junto a otros especialistas, Ignacio Bosque en 2012. En él se aseguraba que el masculino engloba los dos géneros y que no es necesario, por tanto, modificar el texto de la Constitución aplicando lo que se ha venido a denominar el lenguaje inclusivo.

En esas páginas, todavía por sopesar y pensar, parece que viene a insinuarse que la Academia no es una institución que deba impulsar cambios lingüísticos como tampoco frenarlos o dirigirlos, sino constatar los usos reales del idioma por parte de los hablantes, que son los verdaderos dueños de un idioma y que tienen todo el derecho a expresarse como desean sin ningún tipo de imposición. Defiende, desde el punto de vista rigurosamente científico, que el masculino, al igual que sucede en otras muchas lenguas, es el que se emplea en la comunicación para referirse a los hombres y mujeres, y, como algunos miembros de la Academia han defendido en diversas ocasiones, eso no significa desigualdad ni tampoco discriminación de ninguna clase.

Este informe, titulado «El buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna», ya estaba preparado a finales del año pasado, cuando se produjo el relevo en la dirección de la RAE, ha tardado bastantes meses en llegar al pleno y que se empiece a discutir allí (algo que continuará haciéndose a lo largo de la semana que viene, ya que la sesión de ayer terminó sin ninguna conclusión aparente). Durante este periodo, la Academia ha guardado un absoluto silencio sobre el mencionado informe y apenas se han producido filtraciones. Solo se ha sugerido que en la Constitución podría incluirse un desdoblamiento (el único país que ha accedido a hacer algo así es Venezuela, que, desde el parecer de algunos, se ha convertido justamente en un buen ejemplo de lo que se debe evitar) y junto a la palabra «rey» pudiera figurar la de «reina», que es algo que, aparte de un asunto lingüístico, también es estatal, ya que en el futuro la Corona recaerá sobre la actual Princesa de Asturias, y la Carta Magna no contempla de momento su figura.

Lo que ha trascendido, de momento, aparte de que se han puesto las bases de trabajo para las próximas jornadas, es que el actual informe no presenta grandes novedades respecto al pasado. En este supuesto, la Real Academia Española parece reafirmarse en la posición que hasta hace nada defendía y, por tanto, adoptaría una solución que coincidiría con la lógica que ha esgrimido: que solo responde ante el uso de la lengua y que las coyunturas que nacen al hilo de las modas o de los momentos no pueden traer como consecuencia un cambio de posición de la institución.