El abogado republicano de la amante de Alfonso XII

Sola y desamparada, Elena Sanz, la amante del rey Alfonso XII con quien tuvo dos hijos ilegítimos, acudió a un insigne republicano para que defendiese sus intereses frente a la Casa Real. Aludimos a Nicolás Salmerón, abogado y catedrático de Metafísica de cuarenta y siete años. Conozcamos mejor a Salmerón, a quien su larga y convulsa trayectoria política le hizo pasar por la cárcel en junio de 1867, a raíz de sus actividades revolucionarias previas a “la Gloriosa” que envió a Isabel II al exilio. El triunfo de la sublevación le permitió salir de prisión, convirtiéndose en miembro de la Junta Revolucionaria.

El 11 de febrero de 1873, con motivo de la formación del primer gobierno de la Primera República presidido por Estanislao Figueras, Salmerón fue designado ministro de Gracia y Justicia. En los cuatro meses que duró su ministerio, hasta que el nuevo presidente del gobierno Pi y Margall le sustituyó por José Fernando González, impulsó el proyecto de separación entre Iglesia y Estado. El 13 de junio Salmerón fue designado presidente del Congreso de los Diputados, distinguiéndose en la toma de posesión por su encendido discurso favorable a una república federal y a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley para evitar la lucha de clases. Con sólo treinta y cinco años se convirtió en presidente de la República, tras la dimisión de Pi y Margall.

Luego, rivalizó con Castelar hasta el punto de negarle el voto de confianza que necesitaba su gobierno para salvar la República, en enero de 1874. Fue diputado a Cortes en varias legislaturas, hasta que la Restauración monárquica acabó con su carrera política. Apartado de su cátedra de Metafísica, vivió exiliado en París, donde Elena Sanz contactó precisamente con él. El 23 de diciembre de 1885, Salmerón escribió a Elena Sanz aceptando su defensa y previniéndola de lo que se les avecinaba: “A juzgar -advertía el abogado- por lo que ya han hecho con Vd., no les inspirarán nobles sentimientos, tendrá Vd. que hacer comprender que no está dispuesta a aceptar una merced mezquina, cuando no pide gracia, sino justicia”.

Poco después, Salmerón se entrevistó con el intendente de la Real Casa, Fermín Abella. La conversación bastó por sí sola para disparar todas las alarmas en palacio. Salmerón advirtió a su cliente de que la Casa Real pretendía silenciar un escándalo, algo habitual en los Borbones de España. Confiando ciegamente en su abogado, Elena Sanz le autorizó a que enviase una carta a Fermín Abella con el resumen de todas sus pretensiones. Fechada el 20 de febrero, la desconocida misiva nos ilustra sobre las condiciones para un posible acuerdo. Dice así Salmerón al intendente de la Real Casa: “En primer lugar entiendo que debe hacerse un documento privado con el carácter de provisional, en el cual se consigne la obligación recíproca de entregar la una parte todas las cartas con que pudiera pretender demostrar la filiación natural paterna, y la otra la cantidad convenida”.

¿No era acaso esa propuesta un vulgar chantaje? Se trataba, en definitiva, de llegar a un acuerdo para devolver las cartas íntimas de Alfonso XII en poder de Elena Sanz, a cambio de una suma de dinero que permitiese a la madre y a los niños vivir sin problemas durante muchos años. Pero los abogados de la reina María Cristina, esposa de Alfonso XII, no aceptaron que una parte del dinero en deuda pública se invirtiese a nombre de los hijos bastardos del rey, Alfonso y Fernando Sanz, como proponía Salmerón.

La muerte de Alfonso XII había dejado en la miseria a Elena Sanz y a sus hijos, privados de su pensión por orden tajante de la reina María Cristina. Las 750.000 pesetas de entonces reclamadas por Salmerón fueron las que finalmente cobró Elena Sanz para ella y sus hijos, cantidad equivalente a 738.751 francos (casi tres millones de euros). El 24 de marzo de 1886 se firmó finalmente el convenio, según el cual se constituyó un depósito de valores a favor de los hijos de Elena Sanz. A cambio, ésta hizo entrega a los representantes de la Casa Real de los documentos que acreditaban al difunto rey como padre de las dos criaturas.

La escritura número 40 se suscribió ante el vicecónsul de España en París, Francisco Carpi, siendo rubricada por Fermín Abella Blave y Rubén Landa Coronado, en representación de ambas partes. El pacto establecía la obligación de Elena Sanz de entregar 110 documentos comprometedores a cambio de que sus hijos Alfonso y Fernando percibiesen el dinero que debía garantizar su futuro económico hasta la mayoría de edad, establecida en veintitrés años.

El gran fiasco

El dinero se invirtió así: 18.000 francos franceses de Renta Exterior Española al 4 por ciento, y 810 billetes hipotecarios del Tesoro de la isla de Cuba. Los valores se depositaron a nombre de Fermín Abella en el Comptoir d’Escomptes de París, encargándose de su custodia a Prudencio Ibáñez, banquero de Isabel II, quien remitió las rentas a Elena Sanz para que las administrase en nombre de sus hijos. Para colmo de males, el Comptoir d’Escomptes, donde estaban depositados los valores, suspendió pagos. Los hijos de Elena Sanz siguieron pleiteando con nulo o escaso éxito tras la muerte de su madre. María Cristina acusó de “sablistas” a los abogados de Elena Sanz y aseguró que todas las cartas íntimas de su esposo con Elena Sanz “habían sido quemadas”. Pero lo cierto es que la hija de Alfonso Sanz, nieta de Alfonso XII, conservaba copias a su muerte un siglo después.