Historia

La justicia declara ilegal la construcción de un túnel bajo Stonehenge

Se frena así la decisión del gobierno británico de llevar a cabo un proyecto presupuestado con 1.700 millones de libras esterlinas

Stonehenge, el círculo de piedra más famoso del Neolítico
Stonehenge, el círculo de piedra más famoso del Neolítico

El monumento megalítico de Stonehenge, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que se ubica en Reino Unido, habría sido construido, aproximadamente, entre el 3100 a.C. y el 2000 a.C. Miles de años se han sostenido esos elementos en pie, con su mantenimiento y cuidado como manera especial de protección del entorno. Por ello, ahora extraña conocer la noticia de que el gobierno británico quería construir un túnel bajo Stonehenge. No obstante, y por suerte, la justicia británica ha anulado dicha decisión, declarándola ilegal.

Fue en noviembre de 2020 cuando el gobierno de Boris Johnson dio luz verde a un proyecto diseñado por Highways England. La empresa es encargada de mantener y mejorar las autopistas y principales carreteras de Inglaterra, y ahora busca reducir los grandes atascos que se producen en el país. Y, para ello, decidieron construir dicho túnel.

Aunque los inspectores de planificación le recomendaron lo contrario y le alertaron del riesgo de “un daño sustancial” al patrimonio cultural y paisajístico, así como a la creación de un impacto visual negativo alrededor del monumento, el ministro de transporte, Grant Shapps, aprobó el proyecto.

Así, el diseño del túnel se presupuestó en más de 1.700 millones de libras esterlinas y se extendía unos 3 kilómetros bajo Stonehenge. Como argumento a favor, Shapps repetía que este proyecto permitiría a los visitantes “ver el círculo de piedra sin la distracción visual y auditiva del tráfico”.

Ante esto, un movimiento oponente a esta construcción dio un paso más y la organización Save Stonehenge World Heritage Site decidió realizar un micromecenazgo. Se obtuvieron 50.000 libras, necesarias para presentar un recurso judicial ante el Tribunal Superior. Ahora, acaba de ganar la primera batalla.

Según publica la BBC, esta situación se ha declarado como ilegal, pues había “un error material de ley en el proceso de toma de decisiones del gobierno, ya que no había pruebas del impacto en cada uno de los bienes del yacimiento”. Además, señalan que no se había considerado planes alternativos.