La Academia de Cine mantiene abiertas en el juzgado sus luchas intestinas

Una sentencia, que recurrirá la junta directiva, declara improcedente el despido de Porfirio Enríquez.

El caso de Porfirio Enríquez, uno de los más sonados desencuentros en los tiempos revueltos de la Academia de Cine de los últimos años, sigue dividiendo a la institución como una herida aún abierta de la «guerra civil» en el seno de la Academia desde la salida de González Macho de la presidencia, la «espantá» de Antonio Resines y el desembarco de Yvonne Blake.

El Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid emitía el 24 de mayo un fallo que obliga indemnizar con 66.164 euros, «en caso de que no se proceda a la readmisión», a Enríquez, director general de la institución desde junio de 2014 al 21 de septiembre de 2016, fecha en la que fue cesado por haber perdido la junta directiva la «confianza» en el gestor. En aquel momento, la salida de Enríquez se interpretó como un «purga» del equipo con que había contado el recién salido Antonio Resines, que, según señaló, dimitió por «serias discrepancias con parte de la junta directiva que han imposibilitado en los últimos meses el trabajo diario de la terna presidencial». Apenas dos meses pasaron entre la renuncia de Resines y el despido de Enríquez. Y, entre medias, ya había asumido la presidencia de manera interina Yvonne Blake, luego confirmada en el cargo tras las elecciones de octubre de 2016. Los motivos del despido se basaban, según la Academia, en la constitución «sin la autorización expresa de la junta directiva ni de la asamblea general» (detalla la sentencia) de una Agrupación de Interés Económico (AIE) para gestionar la gala de los Goya 2016.

Entre facciones

Sin embargo, a juicio de la defensa de Enríquez, fueron «los enfrentamientos entre las distintas facciones que se disputan el control de la Academia la única causa de la decisión tomada por ésta de poner fin a la relación laboral» y no una presunta mala praxis del directivo o una extralimitación en sus funciones. La sentencia destaca «en particular» la testificación de Resines para fallar en contra del despido. El actor y ex presidente de la institución explicó al juez que ya en abril la junta directiva intentó forzar la salida de Enríquez, aportando documentación al respecto. La sentencia considera «negativa» una «transgresión de la buena fe contractual» en su desempeño como director general, por lo que declara la «improcedencia del despido» y recuerda que el propio contrato del ejecutivo preveía que debía ser informado con tres meses de antelación de un cese en caso de que se produjera para su abandono sin compensación económica.

Pero el actual equipo presidencial, en interinidad cuando se produjo el despido de Enríquez, no está dispuesto a dar por cerrado el caso. La Academia reaccionó a la sentencia con dos tuits en los que manifestaba «asumir el fallo» aunque, precisa, «hubo razones fundadas para el despido procedente». De hecho, «ya prepara un recurso para defenderlas» ante la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Madrid. Una medida que enquistará más las heridas en el seno de una institución que desde hace años vive un continuo tira y afloja entre los distintos colectivos representados.