La Rebelión Cantonal que amenazó a España

Entre julio de 1873 y enero de 1874 varias regiones se enfrentaron a la I República.

España, nación de imposibles, logró tener durante la I República tres guerras civiles simultáneas, lo que llevó al canciller Bismarck a afirmar: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido». El Gobierno republicano español se tuvo que enfrentar a la tercera guerra carlista, en el norte, y a una guerra civil en Cuba, la de los 10 años, en la que españoles luchaban contra españoles pues en las Antillas no había población nativa. A estas dos guerras tenemos que sumar la rebelión cantonal que se produjo entre julio de 1873 y enero de 1874.

La abdicación de Amadeo de Saboya (11 febrero 1873) llevó al breve gobierno de Estanislao Figueras, que, acosado por los federalistas constituidos en juntas revolucionarias en muchas ciudades y pueblos, terminó por huir de España. Fue sustituido en la presidencia por su ministro de Gobernación y líder federalista Pi y Margall. Su acceso a la presidencia era el resultado de la actuación de un coronel de la Guardia Civil, José de la Iglesia, quien, ante el vacío de poder creado por la huida de Figueras y ante la amenaza de que se produjera un golpe de Estado, se presentó con un piquete en el edificio del Congreso y anunció a los diputados que de allí no salía nadie hasta que eligieran a un nuevo presidente.

Pi y Margall convocó a Cortes en unas votaciones con un 60% de abstención, y nació un parlamento que elaboró el primer proyecto de constitución federal de España, proclamando la República Democrática Federal el 8 de junio de 1873, bajo el control de su partido, el Partido Republicano Federal, minoritario y dividido en tres familias mal avenidas; Intransigentes, Centristas y Moderados. El 30 de junio Pi y Margall pidió a las Cortes, para acabar con la guerra carlista, facultades extraordinarias limitadas al País Vasco, Navarra y Cataluña, a lo que se opusieron los Intransigentes, a pesar de formar parte del Gobierno. Pi y Margall anunció la llamada a filas de varias quintas y de la reserva; «La patria exige el sacrificio de todos sus hijos, y no será liberal ni español el que no lo haga en la medida de sus fuerzas». El 1 de julio los Intransigentes abandonaban las Cortes para emprender el camino de la revolución contra su propio partido.

Los Intransigentes proponían una España cantonal organizada de abajo a arriba, primando el poder local sobre el de los españoles. Querían la sustitución de todo tipo de autoridades gubernativas o jurisdiccionales, la abolición de impuestos especialmente impopulares, los consumos o el estanco del tabaco y de la sal, la secularización de las propiedades de la Iglesia, las reformas sociales favorables a la gran masa de desposeídos que no tenían otro bien que su fuerza de trabajo, el indulto por delitos políticos, la desaparición del ejército regular y su sustitución por tropas milicianas, y la creación de juntas y comités de salud pública locales, como órganos de gobierno de naturaleza popular.

La insurrección comenzó en Cartagena a las cinco de la madrugada del 12 de julio siguiendo las instrucciones de una Junta Revolucionaria de Salvación Pública que se había constituido unas horas antes. Los insurrectos, liderados por el cartero Sáez, en su afán de enarbolar una bandera roja, al no tener ningún trapo rojo a mano, izaron la bandera turca con su media luna.

El 15 de julio el general Contreras se levantó en armas al grito de «¡Cantones federales!», con apoyo especial de la Armada basada en Cartagena, pidiendo a sus compañeros de armas centralistas que no dispararan «ni contra el pueblo ni contra sus hermanos de armas». En dos semanas se habían sumado a la revuelta ciudades como Málaga, Murcia, Valencia y otras de Andalucía, como Carmona, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

Pi y Margall reconoció que lo que estaban haciendo los intransigentes era poner en práctica su teoría del federalismo pactista, de abajo a arriba, condenó la insurrección porque su teoría estaba pensada para una ocupación del poder «por medio de una revolución a mano armada», no para una «república que ha venido por el acuerdo de una asamblea, de una manera legal y pacífica».

Pi y Margall perdió el apoyo de su correligionarios moderados que votaron a favor del también federalista Nicolás Salmerón. Dimitió tras 37 días de mandato. Salmerón nombró el 19 de julio responsables militares, para terminar con la revuelta, a los generales Pavía y Martínez Campos, ambos de dudosa fidelidad republicana pero de indudable eficiencia militar. El 23 de julio la insurrección se había extendido por Andalucía y Levante, e incluso a las provincias de Salamanca, Toledo y Ávila. En Extremadura el cantonalismo llegó a Coria, Hervás y Plasencia. Treinta y dos provincias se hallaban levantadas en armas contra Madrid. La principal plaza cantonalista fue Cartagena, que gracias a su importancia como base naval lanzó raid por mar y tierra para implantar el cantonalismo. Pavía terminó con la revuelta en Andalucía y Martínez Campos, el que luego iba a traer al trono a Alfonso XII mediante su pronunciamiento en Sagunto, sometió Valencia, Murcia y comenzó el asedio de Cartagena.

El gobierno de Salmerón no dudo de emplear todos los recursos en sus manos para acabar con los cantonalistas. Declaró piratas a los buques que enarbolaban la bandera roja cantonal, lo que permitió su captura por buques de guerra extranjeros como las fragatas acorazadas «HMS Swiftsure» y «SMS Friedrich Carl», británica y alemana respectivamente. El 7 de septiembre de 1873 fue elegido para ocupar la presidencia del gobierno Emilio Castelar cuando estaba prácticamente acabada la rebelión cantonal, con la excepción del último reducto del cantón de Cartagena. El 6 de septiembre había dimitido Salmerón para no tener que firmar la sentencia de muerte de ocho soldados que en Barcelona se habían pasado al bando carlista.