Fracasó la unión de Real y Zarzuela y ahora, ¿qué?

Se evitó el incendio. La idea podía no ser mala, pero el procedimiento no pudo ser peor. El Gobierno no estaba dispuesto a empezar su andadura con este problema. No lo estaba Huerta ni lo está Guirao, entre otras cosas, porque tampoco lo está la vicepresidenta Carmen Calvo, presidenta años atrás de la Fundación Teatro Lírico. Por no estar quizá no lo estuviese Pedro Sánchez, cuyo padre fue gerente del Inaem en tiempos de Carmen Alborch y tuvo que ordenar la clasificación de los archivos de la Zarzuela ante la entonces también frustrada unión. Las dos veces se actuó mal. Al margen de prisa y ocultación, había una razón muy poderosa: Administraciones Públicas no autorizaba el cambio laboral de los trabajadores de la Zarzuela. Ese cambio lleva tiempo. Además, el célebre Decreto Ley era de legalidad cuestionable al no existir el documento previo de la IGAE. Todo era, para ser claros, una chapuza con algunas ambiciones descontroladas. Lo vi claro desde un principio y así lo manifesté en varios artículos. También lo vio Fernando Benzo, el anterior secretario de Estado de Cultura, quien nada más aparecer uno de ellos, un sábado en LA RAZÓN, con mis condiciones para que el proceso fuese filosóficamente posible, me llamó a las 9 de la mañana para comunicarme que todas y cada una de aquellas exigencias serían contempladas en el Decreto Ley a redactar. Así fue. Pero no bastaba la filosofía, porque también era imprescindible la resolución de cuestiones administrativas. Éstas, la insistencia de los trabajadores de la Zarzuela, la posesión de la razón y las pocas ganas de la nueva Administración de empezar con un lío en cultura han derogado el Decreto Ley. La pregunta es: «Y, ahora, ¿qué?». No voy a profundizar en lo que podría ser la reacción en el Teatro Real. Ya veremos cómo resuelve el nombramiento por cinco años del presidente del patronato de una nueva fundación aún no inscrita y la propia disolución de esta misma. Sí entro en lo que promete el ministro Guirao, que ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para lograr mejorar la gestión del Inaem y adaptarlo a la naturaleza de sus actividades. El asunto no es difícil, máxime cuando Montserrat Iglesias, su directora, conoce muy bien la problemática de sus unidades y ha ayudado a limarlas en el día a día. Así lo han atestiguado los directores del CNDM, la Zarzuela o la OCNE. Guirao tiene en ella una gestora eficaz para emprender el camino de una mayor independencia que elimine las trabas diarias en unas actividades que nada tienen que ver con las de los organismos estatales, y aunque les fuese de aplicación la nueva Ley de Contratación del Estado, absolutamente perniciosa para ellas. Ya era hora de dotar de mayor autonomía a algunas unidades. Quizá el proyecto fallido de Marañón haya sido muy útil para finalmente abrir los ojos. Como siempre, no hay mal que por bien no venga.