Ramoncín: la SGAE renuncia a acusarle

La entidad pide a la Audiencia que archive la investigación de la trama de facturas falsas

La Sociedad General de Autores (SGAE) no reclamará a José Ramón Márquez, Ramoncín, los 57.402 euros que, según la Fiscalía Anticorrupción, el cantante facturó a la entidad entre 2008 y 2011 por servicios «fantasma». De hecho, el organismo que preside José Luis Acosta ha solicitado a la Audiencia Nacional, según confirmaron fuentes jurídicas, el archivo de las actuaciones abiertas contra Ramoncín y el resto de ex directivos imputados en esta pieza separada de la investigación a la SGAE: José Luis Rodríguez Neri, supuesto «cerebro» de la trama; Pedro Antonio Hernández Arroyo, ex responsable de los servicios jurídicos de la entidad, y Enrique Loras, ex director general.

Pese a que la SGAE, personada en la causa como perjudicada, no haya ejercido finalmente la acusación y pida el sobreseimiento, tanto Ramoncín como los otros tres imputados se sentarán finalmente en el banquillo, pues la Fiscalía Anticorrupción sí los acusa por apropiación indebida y falsedad documental y, en el caso del cantante, pide para él una pena de cuatro años y diez meses de prisión.

La representación jurídica de la SGAE, que ejerce el abogado Luis Rodríguez Ramos, remitió el pasado lunes (último día de plazo) su escrito de sobreseimiento al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado José de la Mata. Fuentes de la acusación particular explicaron que este hecho no supone que la SGAE renuncie a ejercer la acusación en la trama principal del «caso Saga» o en la pieza en la que se investiga la red de adquisición de teatros de la entidad, Arteria, en las que, aseguraron, la SGAE sí formalizará la acusación.

El fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso asegura en su escrito de acusación que Ramoncín ingresó esos 57.402 euros a través de facturas que no se correspondían con servicios realmente prestados «con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito». Según él, el cantante y Rodríguez Neri «idearon y elaboraron» la documentación necesaria para que «diera cobertura» en apariencia a «la ilegítima salida de fondos».

«No hemos visto indicios»

Aunque ayer la entidad no confirmaba oficialmente la decisión, LA RAZÓN sí pudo contrastarla con algún miembro de su Junta Directiva, que defendía lo que parece un giro controvertido. «No tenemos la misma interpretación de los hechos que el fiscal», explicaba dicha fuente, señalando que, sencillamente, «no hemos visto indicios para convertirnos nosotros en acusación». El órgano de dirección, continúa, «no ha llegado a la misma conclusión con los datos que tenemos y los indicios que manejamos», motivo suficiente para instar al archivo de la pieza, pese a ser conscientes de lo polémica que pueda resultar la petición: «La parte ‘‘estética’’ haría mucho más fácil cualquier decisión. Pero al final se trata de tomar la que es correcta y justa». Desde la SGAE, asegura, «no habrá ni obstaculización, ni interrupción del trabajo del fiscal; es más, tendrá toda nuestra colaboración». Pero subraya: «Una cosa es tratar de que se investigue esto y otra que nos pidan convertirnos en acusadores».