SGAE: multas millonarias para evitar otro Arteria

El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que debatirá el Consejo de Ministros, incluye nuevas medidas de control a las entidades de gestión.

Desde que en junio de 2011 la Guardia Civil irrumpiera en la sede de la SGAE durante una operación que terminó con la cúpula de la entidad imputada por varios delitos, el Ministerio de Cultura, entonces encabezado por Ángeles González-Sinde, prometió medidas para controlar una entidad que maneja cientos de millones de euros. Se produjo, incluso, un cruce de acusaciones entre las administraciones autonómicas y el Gobierno sobre quién era el responsable de la ausencia de vigilancia que devino en una presunta trama societaria. Han pasado casi dos años, y el Gobierno, ahora en manos del PP, ha decidido poner sobre la mesa las fórmulas para que este control se haga efectivo. Así lo refleja al menos el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que ayer revisó la Comisión de Subsecretarios como previo al debate de Consejo de Ministros mañana, que también contempla otras medidas como una redefinición del canon digital y nuevas acciones contra la «piratería» en internet.

Los derechos no identificados

En este documento se introduce un nuevo artículo con una tipología de infracciones destinadas a las entidades de gestión; las consideradas muy graves parecen inspiradas en las quejas que socios y personas cercanas a la sociedad llevan años profiriendo. La primera infracción sería «la ineficacia manifiesta, continuada e injustificada en la administración de los derechos que la entidad de gestión tenga encomendados, circunstancia que habrá de apreciarse respecto del conjunto de los usuarios de dichos derechos». Una de las principales críticas a la SGAE ha sido precisamente su ineficiencia para identificar muchos de los titulares de los derechos que, previamente, han cobrado. Algunos años esta cifra ha superado los 70 millones. Incluso durante la última campaña electoral, en la que participó Bautista, se acusó a la sociedad de cierta negligencia a la hora de identificar dichos derechos y engordar así unas arcas que se destinarían a financiar el proyecto inmobiliario ideado por el entonces presidente ejecutivo, Arteria, consistente en la creación de una red internacional de teatros de la que ahora los nuevos gestores han anunciado la intención de irse deshaciendo. Sobre esta cuestión, el anteproyecto de ley se pronuncia a través de otra infracción calificada como muy grave: «Cuando se realicen actividades que no sean de protección o gestión de los derechos de propiedad intelectual que tengan encomendados». Además de las infracciones tipificadas en este sentido, el Gobierno a través de esta propuesta de norma indica un cambio en la gestión de los derechos no identificados. La gestora de la entidad cambió sus estatutos en 2006 para dejar en cinco años el plazo máximo para reclamar los beneficios no cobrados por los autores, ya que la Ley de Propiedad Intelectual no comtemplaba un tope sobre los mencionados derechos. Este anteproyecto sí lo hace y amplía el período de prescripción en el que se pueden reclamar los titulares de derechos: «La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades recaudadas que estén pendientes de asignación cuando, tras el procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el titular o la obra o prestación protegidas prescribe a los diez años».

Otras seis entidades

Como sanciones a las infracciones muy graves se plantea la «revocación de la autorización para actuar como entidad de gestión», que era algo que ya estaba contemplado en la legislación anterior, pero ahora, además, se añaden multas, de entre un 1% y un 2% de la recaudación total obtenida por la entidad en el año anterior a la fecha de imposición de la multa. Cuando se tratan de infracciones leves, la multa podrá ascender hasta los 200.000 euros o un 0,5% de los ingresos anuales de la institución.

Estas nuevas medidas, sin embargo, no sólo afectarán a la SGAE, sino también al resto de entidades de gestión colectiva de derechos de autor que operan ahora en nuetro país: Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos), Vegap (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, sociedad de gestión de España), Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), Agedi (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales), Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales).

La famosa Comisión de la Propiedad Intelectual no se ocupa únicamente de las denuncias sobre webs de enlaces, sino que también tiene encomendada labores de mediación entre las partes en materias relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, incluso, en caso de conflicto, puede llegar a fijar tarifas sustitutivas a las generales. Como el mismo Gobierno ha reconocido, su funcionamiento es todavía precario, por eso mismo, el anteproyecto plantea que hasta que su sección primera «tenga los medios necesarios» se «encomienda a la Comisión Nacional de la Competencia el ejercicio de las funciones de control y determinación de las tarifas».

Esta entidad reguladora tiene amplio historial de sanciones a las entidades de gestión, especialmente, la SGAE, a quien el pasado mes de julio impuso la última multa de 1,7 millones «al considerar acreditado que ha abusado de su posición dominante en el mercado de la autorización de la comunicación pública de obras musicales en bailes celebrados con motivo de bodas, bautizos y comuniones o en los que el acceso de los asistentes se realice a través de invitación personal».

Debate en el Congreso

Para que no vuelva a repetirse el debate que se dio tras la «operación Saga» sobre quién fiscaliza a estas entidades, el Gobierno asume nuevas competencias. En este anteproyecto se atribuye, además de las de otorgamiento y revocación de licencias y aprobación de las modificaciones estatutarias, las funciones de inspección, vigilancia y control. Sólo en el caso de que el 85 por ciento de la recaudación de una entidad se circunscriba a un único territorio regional, esta competencia correspondería al gobierno autonóminico. Si el texto obtiene el visto bueno del Ejecutivo, se abrirá un nuevo proceso de consultas con las partes implicadas que podrán transformarse en enmiendas de los distintos grupos políticos para su debate en el Congreso. Aun así, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, indicó que, tras esta reforma, que contiene varias medidas urgentes, el Ejecutivo se plantea elaborar una nueva ley más ambiciosa y adecuada al nuevo contexto digital.

El detalle

MECENAZGO, EL OTRO RETO

«Les puedo anunciar que el semáforo se ha puesto ya a parpadear en ámbar», así desveló Lassalle en el Parlamento el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Cultura para fijar los porcentajes de desgravación que quedarán fijados en la Ley de Mecenazgo, el otro gran reto de este departamento junto al anteproyecto que se aprobará el viernes. Esto supondría poner el primer ladrillo para cambiar la cultura de la subvención por la de la desgravación, además, como indica el propio Lassalle, que vive la aprobación «como un sueño», para que «la sociedad civil democratice el hábito de la cultura mediante su propia participación».